El obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, fue expulsado del país por el régimen de Daniel Ortega. Organizaciones de derechos humanos y líderes religiosos han condenado esta medida, que aumenta la tensión entre el gobierno y la Iglesia.
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El gobierno de Daniel Ortega expulsó de Nicaragua a monseñor Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y obispo de Jinotega, en un acto que ha sido duramente criticado por la comunidad internacional. Herrera, quien asumió la presidencia de la CEN en 2021, fue enviado a Guatemala el miércoles, en una decisión que continúa la tendencia de represión hacia líderes religiosos que se han mostrado críticos al régimen.
Monseñor Herrera se convierte en el tercer obispo nicaragüense desterrado, después de que Rolando Álvarez, de Matagalpa, e Isidoro Mora, de Siuna, fueran encarcelados y luego expulsados. La administración de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han acusado a la Iglesia Católica de apoyar las protestas antigubernamentales de 2018, las cuales resultaron en la muerte de más de 300 personas según informes de la ONU. Ortega considera estas manifestaciones como un intento de golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos.
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La expulsión de Herrera surge luego de un incidente ocurrido el 10 de noviembre, cuando el obispo habría criticado la interrupción de una misa en la catedral de Jinotega debido a una actividad organizada por la alcaldía en las inmediaciones. Aunque el gobierno nicaragüense no ha emitido comentarios al respecto, medios de prensa en el exilio han reportado que sus críticas hacia el evento fueron el motivo de su destierro.
Desde Honduras, José Canales, obispo de Danlí, expresó su apoyo a Herrera en redes sociales, describiéndolo como un “valiente obispo” y condenando los “atropellos sacrílegos” de las autoridades de Jinotega. Varias organizaciones opositoras y activistas de derechos humanos han denunciado la persecución a la Iglesia en Nicaragua, exigiendo a la comunidad internacional que intervenga para proteger los derechos humanos en el país.
Fuente: DW
Foto: Archivo
