El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó una reforma constitucional que amplía su poder y establece a su esposa, Rosario Murillo, como copresidenta del país. La iniciativa, enviada al Parlamento dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), prevé la aprobación sin dificultades este viernes.
Entre las principales modificaciones destaca el aumento del periodo presidencial de cinco a seis años y la incorporación del concepto de «copresidencia», que asegura el liderazgo compartido en futuras elecciones. Además, la reforma otorga al Ejecutivo la facultad de coordinar los demás poderes del Estado, permitiéndole intervenir en asuntos judiciales, legislativos y electorales, así como ordenar la participación del Ejército en apoyo a la Policía Nacional.
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La reforma propone restringir a medios de comunicación y organizaciones religiosas, acusándolas de responder a «intereses extranjeros» o difundir noticias falsas. También busca evitar que las iglesias realicen actividades consideradas una amenaza al orden público, en respuesta al rol de estas instituciones durante las protestas de 2018.
En línea con esta estrategia, Ortega propone legalizar las fuerzas parapoliciales bajo el nombre de «Policía Voluntaria», justificando su creación como un cuerpo auxiliar para controlar manifestaciones. Estas fuerzas ya fueron empleadas en las protestas antigubernamentales de 2018, dejando un saldo de más de 300 muertos, según la ONU.
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Como era de esperar, la Organización de los Estados Americanos (OEA), alineada históricamente con Estados Unidos, incluso apoyando golpes de Estado, condenó la reforma, calificándola como una «aberrante institucionalización de la dictadura matrimonial» y un atentado contra el Estado de Derecho Democrático. En un comunicado, acusó al gobierno de Ortega de buscar perpetuarse en el poder mediante modificaciones ilegítimas a la Constitución.
Fuente: DW.
Imagen: Alfredo Zuniga/AP Photo/picture alliance.
