El juez federal de La Plata ordenó que García Mansilla no pueda intervenir en decisiones del máximo tribunal tras el rechazo de su pliego en el Senado. La medida rige por tres meses y plantea duras críticas al decreto presidencial.
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Luego del rechazo del Senado a los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, resolvió este miércoles por la noche dictar una medida cautelar que impide a García Mansilla actuar como juez “en comisión” del máximo tribunal. La resolución tiene un plazo de tres meses y establece que deberá abstenerse de tomar decisiones jurisdiccionales y administrativas mientras dure la medida.
En el fallo, Ramos Padilla sostuvo que la designación de jueces de la Corte mediante un decreto presidencial “en comisión” carece de antecedentes constitucionales en los últimos cien años de gobiernos democráticos. Según el magistrado, permitir este mecanismo representaría “un atajo inconstitucional” que habilita al Poder Ejecutivo a evitar el debate público y el consenso del Senado para las designaciones judiciales.
García Mansilla había asumido en comisión el 27 de febrero, tras el decreto 137/2025 firmado por el presidente Javier Milei, que establecía su designación provisoria hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, la Cámara Alta rechazó recientemente su pliego, por lo que ahora su futuro en el tribunal quedó en suspenso. Ante esta situación, el propio García Mansilla anticipó que presentará una consulta formal ante los otros jueces del tribunal para conocer su estatus institucional.
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El juez Ramos Padilla también impidió que se le tome juramento a Ariel Lijo en los mismos términos, aunque el propio magistrado había manifestado su decisión de no asumir sin el aval del Senado. A su vez, rechazó los planteos presentados por el Gobierno nacional y por García Mansilla que intentaban anular la intervención del juez de La Plata.
Mientras el caso avanza en los tribunales, ahora será la Corte Suprema la que deberá responder frente a la cautelar que afecta directamente su funcionamiento. La decisión judicial, de alto impacto institucional, vuelve a tensar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en torno al delicado proceso de selección de los miembros del máximo tribunal del país.
Fuente y foto: Infobae
