“Ayer (martes) presenté el dictamen ante el Juzgado Nº 2 de Rawson, y luego de una investigación, tomando como base la denuncia de la señor (Jorge) Salomone, a cargo de la dirección de INTA Chubut; la presentación de dos declaraciones testimoniales, además de la documentación y las tareas de campo de la Gendarmería Nacional, dictaminé que de todos los elementos de juicio que se fueron incorporando no se da el delito de usurpación», confirmó Gélvez en diálogo con Radio 3.
«Si bien se utiliza la palabra usurpación coloquialmente, la ley penal requiere medios de comisión taxativos, esos y nada más que esos, como violencia física sobre las personas que estuvieran en el inmueble, amenazas, el engaño, el abuso de confianza y la clandestinidad para despojar, invadir el lugar o impedir que el propietario regrese a ese sitio”, fundamentó Gélvez.
«En el caso concreto de esta situación, el denunciante Salomone declaró bajo juramento que días después de la ocupación estuvo en el lugar y señaló que tampoco había ningún cercamiento, ni alambrado ni pared, que indicara que era propiedad de alguien«, remarcó el fiscal federal.
«Pero además, las personas que lo ocuparon no tuvieron que ejercer ninguna vía de hecho, como cortar un alambrado o tirar un paredón. Por eso no se dieron los medios comisivos y tampoco se dio lo de la clandestinidad, no había personas representantes del INTA ni objetos sobre el que se pudieran cometer actos de vandalismo», consideró.
Gelvez aclaró que además que “no se dio lo que se denomina usurpación por turbación de la posesión o tenencia porque se requieren otros medios comisivos, como la violencia física o la amenaza a otro que llevarían a ejecutar el delito”.
“Tampoco se da el inciso 2º del artículo 181 porque lo que podría decirse como un apoderamiento del inmueble se requiere que los límites o los términos se destruyan. Si hubiera habido mojones o algún otro objeto que haga de límite como ocurre en algún lugar rural, pero acá no había nada”, sostuvo Gelvez.
ORDENANZA MUNICIPAL
“Hay una ordenanza del 2003 en la que se reprime como contravención o infracción la ocupación ilegal o el asentamiento y se señala que cuando se ingresa a un terreno baldío público/privado la sanción podría ser una multa”, rescató.
“Acá no es una cuestión de competencia sobre de quien es el terreno, claramente es del INTA porque está acreditado en el expediente. Pero si también hubiera sido de la Provincia tampoco se dan los extremos que requiere la ley”, argumentó.
“Entonces pedí que el juez disponga la incompetencia y remita a la justicia de faltas de Trelew para que averigüe si la infracción está contemplada en la Ordenanza del 2003”, adelantó Gélvez.
IMÁGENES SATELITALES Y VIDEO
“Por su parte, el denunciante aportó un pen drive con imágenes satelitales de los distintos días en los que se fueron produciendo los asentamientos ilegales, y además un video que según el director del INTA se había viralizado sobre el secretario de Desarrollo Social (Héctor Castillo) del municipio de Trelew, reunido con algunas personas, donde hablaba sobre el tema con palabras coloquiales como usurpación y señalaba de determinadas cuestiones como que había que tomar las tierras, que estaba todo arreglado, que en el futuro les iban a dar determinados servicios, que de esto tenían conocimientos las otras autoridades del municipio», puntualizó.
«Respecto de eso, se trata de un funcionario público municipal, no nacional, y considerando que no hay usurpación, no podemos decir que su conducta podría estar encuadrada en la incitación a cometer un delito determinado», aclaró Gélvez.
«Pero sí podría darse algún otro tipo penal en la que la competencia es de la justicia provincial», agregó.
«Por eso le propuse al juez federal que se declare incompetente por esa parte para que la remita a la Justicia de Chubut desde la Circunscripción Trelew, para que por un lado para que se investigue la ocupación o asentamiento ilegítimo y por el otro lado, si las manifestaciones de este funcionario municipal tienen algún carácter delictual o no», analizó.
Gélvez aclaró que “la denuncia del director están referidas al Lote 15-H, solamente este terreno, sobre los que se ocuparon anteriormente no aportaron absolutamente nada”.
«Además (Salomone) aportó una copia de un e-mail de Buenos Aires en el que las autoridades nacionales del INTA le habían ordenado que intimara a la Municipalidad de Trelew para que no realizara ningún tipo de actividades en estos últimos terrenos», señaló.
Respecto del origen de las imágenes satelitales, Gélvez dijo que «no averiguamos porque además las tareas de campo de Gendarmería y las declaraciones testimoniales fueron reveladoras de que era un terreno baldío, que no hubo medios comisivos, de cómo estaba el terreno hasta el 24 de mayo, cómo fue la distribución precaria de los lotes; las personas que allí estaban, algunos pernoctaban y otros no, carpas, palos, piedras para delimitar los lotes, apellidos en determinados carteles, pero nada que haya dejado la duda que se hubiera cometido el delito para ingresar».
«El juez primero debe resolver, porque si lo hace contrario a lo que ya dictaminé podría decirse que habría delitos en la ocupación de tierras y el INTA podría constituirse en el futuro como parte querellante», advirtió el fiscal.
«Yo también podría recurrir un fallo en contrario del juez y sería la Cámara Federal de Comodoro la que debiera resolver la cuestión», concluyó.
