“La fiscal argumentó que no pudo juntar la prueba para que constituya un delito, que era lo que decíamos nosotros desde el principio, por eso propusimos la creación desde el bloque oficialista de una Comisión Investigadora y además que estuviera integrada por todos los concejales. Fue una propuesta que hicimos en sesión, para que todos pudiésemos acceder y pedir pruebas, en el contexto de la Comisión», remarcó Álvarez en diálogo con Radio 3.
«En la mitad del proceso los concejales de la oposición deciden llevarlo a la Justicia, creyendo que podría haber algún delito», recordó.
«Finalmente la fiscal sostuvo que no hay pruebas suficientes, pero también dijo que hubo algún error administrativo que produjo ese daño, lo que también dijimos nosotros. Nos hubiera gustado sacar dictamen de la Comisión Investigadora, lo que no pudimos hacer por falta de quorum», recriminó el edil radical.
«Si algo me deja más tranquilo es que la fiscal termina diciendo lo que nosotros decíamos y cómo decíamos que era», refrendó Álvarez.
Sostuvo que «cuando propusimos lo de la Comisión Investigadora era con la anuencia del propio intendente, al mismo tiempo que recalcó que “acá no hay una generalidad en el manejo municipal, los únicos dos casos dudosos en el manejo de fondos públicos fueron los de la Terminal, en el que el mismo intendente fue a la Justicia para que se investigue y hoy hay un proceso de investigación avanzado, y el otro es éste, que como el intendente podía ser uno de los involucrados armamos nosotros desde el Concejo Deliberante una Comisión Investigadora, más transparencia que esa no puede haber”.
“Quizás se quiso hacer un uso político de una situación que debería haber sido tratada con mucha más seriedad porque el vecino necesitaba era que le dijéramos lo que nosotros vimos en el expediente, que tiene 500 hojas y que está a disposición de cualquier ciudadano, pero no todos tienen el tiempo. Lo mejor hubiera sido que nos juntásemos y que hubiéramos sacado una conclusión de lo que leíamos”, fundamentó.
“Nosotros igualmente mandamos toda la prueba que recolectamos al Tribunal de Faltas, que investigará lo sucedido y determinará las responsabilidad», destacó el concejal.
Álvarez mantiene la postura personal de que los fondos erogados por el municipio deben ser recuperados: “para mí, más allá de que algunos compañeros de bloque comparten la misma posición, todos los que estamos en la función pública sabemos de nuestra responsabilidad, y cuando generamos un perjuicio por algún tipo de error debíamos enmendarlo”.
Fue más lejos sobre las responsabilidad al señalar que“por la lectura que hago del expediente, hay una responsabilidad del intendente por ser el responsable mayor de toda la gestión y después en lo operativo, en principio de la Secretaría de Hacienda, hay un par de cosas que no encajan en la prueba que pedimos, la misma propietaria del local dijo que algunas de las negociaciones de ese alquiler se hicieron con el contador que estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda y del Gabinete (Matías Tacceta)”.
«Lo menos que podemos hacer es dejar tranquilo al vecino y elector. En nuestra tarea diaria nos podemos equivocar, pero debemos tratar de hacerlo lo menos posible y en el caso que suceda, enmendarlo de la mejor manera», justificó.
«El Ejecutivo también pidió a asesoría legal sumarios internos para determinar la responsabilidad del personal de planta. Cuando estén esos resultados sabremos si hay alguna implicancia de algún empleado municipal», concluyó Álvarez.
