La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha dado un paso decisivo en la lucha contra la extorsión a beneficiarios de planes sociales. Ante la Justicia, la funcionaria se ha presentado como querellante en una causa que investiga acusaciones de coacción a personas que reciben el Plan Potenciar Trabajo y otros beneficios similares.
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La denuncia, originada a raíz de llamadas recibidas en la Línea 134, revela un patrón de intimidación. Según el Ministerio de Seguridad, las víctimas fueron amenazadas con la pérdida de sus beneficios si no se unían a movilizaciones sociales. La modalidad, detallada en el escrito, pone en evidencia una presunta violación de los derechos de los ciudadanos.
Bullrich, respaldada por el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios que establece las competencias del Ministerio de Seguridad en la preservación de la libertad y los derechos de los ciudadanos, ha solicitado formalmente asumir como querellante contra los 28 imputados identificados hasta el momento.
La Justicia federal, en respuesta a la denuncia, ha llevado a cabo una serie de allanamientos en comedores pertenecientes a agrupaciones como el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie. Los acusados, en su mayoría referentes barriales, fueron imputados por coacción y otros delitos relacionados con la manipulación de beneficiarios de planes sociales.
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La cartera de Seguridad sostiene que los imputados no solo coaccionaron a los beneficiarios para que participen en manifestaciones, sino que también realizaron pagos ilegales y desviaron alimentos destinados a comedores comunitarios.
Fuente: Noticias Argentinas.
Foto: Todo Jujuy.
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