Estos cambios, contenidos en el decreto legislativo 1582, establecen un Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional para la expulsión en casos específicos.
El procedimiento excepcional incluye una audiencia única, virtual o presencial, que debe realizarse dentro de las 24 horas de la retención administrativa del extranjero por parte de la Policía Nacional.
Comprende una fase instructora y sancionadora, con una imputación de cargos basada en un informe policial. Si se confirma la infracción, Migraciones ordena la expulsión inmediata.
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La Policía Nacional llevará a cabo las diligencias de investigación preliminar, y la normativa faculta a la superintendencia para sancionar a empresas de transporte que trasladen a personas extranjeras en situación irregular. El decreto también establece medidas para el control migratorio y regulación, contribuyendo a la seguridad y orden interno del país.
Estos cambios se enmarcan en las facultades legislativas sobre seguridad cedidas por el Congreso al Ejecutivo. Antes de esta promulgación, se implementó una amnistía para regularizar la situación de migrantes que ingresaron sin la documentación adecuada.
Según la Superintendencia de Migraciones, en seis meses se recibieron 214,633 solicitudes para obtener el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), el primer paso para la regularización migratoria.
Fuente Télam.
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