El Congreso de Perú aprobó en las últimas horas una denuncia constitucional contra la ex primera ministra Betssy Chávez, a cargo del último Gabinete del depuesto mandatario Pedro Castillo, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, informaron hoy medios locales.
Con 66 votos a favor y 11 en contra, el pleno del Congreso unicameral decidió suspender a la congresista y exministra del gobierno “mientras dure el proceso penal”, informó la Cámara baja.
Chávez, señaló durante el debate que respeta el informe final de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pero criticó el trabajo del Poder Legislativo.
“Yo considero que en estas condiciones vendrá un Parlamento igual o peor que este (…) Necesitamos recuperar el respeto por la institucionalidad. Es una arbitrariedad que el Congreso elija presidentes de la República por encima de la voluntad popular, infringiendo los procedimientos para la vacancia presidencial del propio reglamento del Congreso o que sus decisiones estén por encima del Poder Ejecutivo y Judicial”, continuó Chávez.
Además, los parlamentarios decidieron con 57 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones admitir la acusación constitucional contra el que fuera ministro del Interior de Castillo, Willy Huerta, por presunta coautoría del intento de ruptura institucional encabezada por el exmandatario, que intentó el pasado 7 de diciembre disolver el Parlamento y anunciar un gobierno de excepción.
En tercer lugar, los legisladores también tramitaron la denuncia constitucional contra el exministro de Comercio Roberto Sánchez, aunque no lo suspendieron de sus labores en el Congreso, ya que la votación registró 21 votos a favor, 39 en contra y 18 abstenciones.
A principios de marzo, la diputada opositora Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, presentó una denuncia constitucional tras difundir una grabación en la que presuntamente aparece Chávez en connivencia con el expresidente Castillo en los instantes previos al discurso formulado el 7 de diciembre, antes de su intento de disolución del Parlamento.
En esa escucha se fundamenta la denuncia por los delitos de rebelión y conspiración que pesan sobre la ex primera ministra.
Aquel intento de Castillo derivó no solo en su destitución, sino también en su ingreso en prisión.
La llegada de Dina Boluarte a la Presidencia estuvo marcada desde entonces por intensas protestas en las calles del país, y una feroz represión que dejó más de 60 muertos.
Entre las principales demandas de los manifestantes están la salida de Boluarte de la Jefatura de Estado, la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.
El Congreso ha rechazado en varias ocasiones esta posibilidad, si bien la propia Boluarte se ha mostrado a favor de que se adelanten los comicios.
Fuente: Télam
