La Justicia de Perú renovó la orden de captura nacional e internacional contra la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada a 11 años y cinco meses de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
El juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso ejecutar una sentencia de la Corte Suprema que ordenó la ubicación y captura de Chávez para que cumpla una condena de prisión efectiva. La exfuncionaria fue considerada coautora del delito de conspiración para una rebelión contra el Estado peruano.
La resolución fue emitida el 14 de agosto, una semana después de que Chávez recibiera un salvoconducto que le permitió abandonar la embajada de México en Lima y viajar a ese país en un avión militar. La ex primera ministra permanecía asilada en la sede diplomática desde noviembre de 2025.
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El magistrado ordenó además comunicar la renovación de las órdenes de captura a la Policía Nacional del Perú y a la oficina de Interpol en Lima, para mantener vigente la búsqueda de la exfuncionaria tanto dentro como fuera del territorio peruano.
Sin embargo, el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, cuestionó la decisión judicial y sostuvo que la captura no podrá concretarse mientras su defendida permanezca bajo el asilo diplomático concedido por México. El caso vuelve a plantear un conflicto entre la decisión de la Justicia peruana y la protección diplomática otorgada por el gobierno mexicano.
El asilo concedido a Chávez provocó una fuerte crisis diplomática entre ambos países. La ex primera ministra permaneció durante meses en la residencia de la embajada mexicana en Lima, hasta que recibió el salvoconducto que le permitió trasladarse a México.
Fuente: DW.
Imagen: El Comercio/GDA/ZUMA/picture alliance.
