«He ordenado a la Cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los EEUU y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al estado Colombiano», tuiteó el mandatario.
El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos informaron este martes que el Grupo Aval y su subsidiaria Corficolombiana acordaron desembolsar más de 80 millones de dólares para evitar cargos por violación de las leyes anticorrupción.
Según la investigación, Corficolombiana conspiró entre 2012 y 2015 con Odebrecht para pagar más de 23 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios colombianos y hacerse con un contrato de ampliación del corredor vial Ruta del Sol, que une el centro del país con la costa Caribe.
Crítico de la banca y adversario de algunos de los políticos y empresarios involucrados con Odebrecht, Petro solicitó ampliar las investigaciones.
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«Solicito respetuosamente a la fiscalía reabrir los casos, si es necesario del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos», continuó Petro.
«Los brasileros que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia. Los contratos entre Corifcolombiana y el estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la Ley colombiana», remarcó en redes sociales.
Luis Carlos Sarmiento, considerado el hombre más rico de Colombia, preside el Grupo Aval. El magnate informó en un boletín que el proceso no irá a una instancia judicial en Estados Unidos.
Para Petro, la justicia no ha revisado al detalle el proceso en Colombia.
Aval cotiza en la bolsa de Nueva York y opera en Colombia, Centroamérica y Florida, en Estados Unidos.
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Odebrecht acordó en 2016 pagar 3.500 millones de dólares para resolver acusaciones relacionadas con sobornos en varios países.
A diferencia de otras naciones de Latinoamérica como Perú, en Colombia no fueron juzgados altos funcionarios por esos hechos.
En 2018 la investigación dio un giro cuando Jorge Pizano, testigo clave y auditor de un consorcio para construir una autopista, murió por ingerir cianuro. Tres días más tarde, su hijo también falleció envenenado por beber la misma botella. Ambas muertes están bajo investigación.
Fuente: Télam.
