Un tribunal de Lima inició juicio oral al expresidente Alberto Fujimori por una matanza de seis campesinos presuntamente perpetrada por militares y paramilitares bajo su gobierno (1990-2000), y el fiscal del caso le solicitó una nueva condena a 25 años de prisión.
Fujimori, de 85 años, participó de la audiencia vía remota junto a su abogado desde la casa en Lima de su hija Keiko, donde vive desde que dejó la cárcel, el 6 de diciembre, luego de que el Tribunal Constitucional le restituyera un indulto de 2017 «por razones humanitarias».
El tribunal abrió el juicio por la llamada Masacre de Pativilca, una localidad agrícola y costera unos 200 kilómetros al norte de Lima donde seis campesinos fueron asesinados el 29 de enero de 1992.
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La matanza ocurrió en el marco de la «guerra al terrorismo» que emprendieron las Fuerzas Armadas de Perú contra el grupo maoísta Sendero Luminoso y el guevarista MRTA, que dejó en total unas 70.000 muertes y 20.000 desaparecidos entre 1980 y 2000.
Los otros procesados son el exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), Vladimiro Montesinos y el excomandante general del Ejército, Nicolás Hermosa Ríos. Ambos comparecieron igualmente por videoconferencia.
También participaron de forma virtual los integrantes del grupo de Inteligencia y escuadrón de la muerte «Colina», entre ellos, Carlos Pichilingüe Guevara y Santiago Martin Rivas, así como la defensora de las víctimas Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
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La fiscal adjunta superior, Elsa Delgado Pérez, ratificó la acusación contra Fujimori, Montesinos, Hermosa Ríos y demás procesados por los delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía, considerado como delito de lesa humanidad, y pidió 25 años de cárcel para ellos.
Para la Fiscalía, Fujimori, en su condición de presidente, «elaboró una política para la identificación y eliminación de presuntos terroristas», planes que eran «elaborados por Montesinos y ejecutados por el grupo Colina».
Delgado Pérez anunció que solicitará la aplicación de principios y directrices sobre violaciones de derechos humanos con la finalidad de pedir una reparación plena a las víctimas, como resarcimientos económicos.
FUENTE: TÉLAM.
