El lunes ingresó a la Casa Rosada un documento de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el No a la Mina, como parte de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh); dirigida al presidente Alberto Fernández.
La misma ingresó a través de Pablo Pimentel, integrante de la conducción de APDH La Matanza.
Allí se trasmitió al Primer Mandatario nacional la situación que se atraviesa en Chubut a partir de la crisis económica y la intención del Ejecutivo provincial de habilitar el extractivismo megaminero en el territorio.
En el documento se hace un repaso de los argumentos que respaldan la posición de las asambleas en defensa del agua y en contra de la actividad, además de exponer antecedentes registrados en otras provincias como Catamarca, San Juan y Santa Cruz.
En este sentido, informaron que se presentó un 2º proyecto de Ley mediante Iniciativa Popular “acompañado de 30.916 firmas, más del doble de las necesarias, superando las dificultades propias del contexto de pandemia”.
En este sentido, expusieron que en “contraposición, el Gobernador ha presentado un proyecto de Zonificación, elaborado junto al Secretario de Minería (de la Nación) Alberto Hensel a espaldas de la población, generando una más que previsible ola de movilizaciones y rechazos en todo el territorio”.
También expusieron que la situación motivó a miles de vecinos de todo Chubut a movilizarse en las calles mientras que “como respuesta se produjeron atropellos policiales, detenciones indebidas y un nuevo y preocupante protocolo de uso de armas de fuego para la Policía provincial”.
“Consideramos que semejante violencia institucional, política y económica debe terminar. Y veríamos con agrado que el Gobierno nacional que Ud. preside no sume respaldo ni su silencio ante las mismas”, sentenciaron.
Asimismo, evaluaron que “la aguda asfixia económica que sufre nuestra Provincia ya por 3 años (retraso de dos y tres meses de sueldos y de pago a proveedores, y disminución de la actividad económica), sumada a la crisis nacional, son parte del escenario creado adrede a fin de presentar la megaminería como una supuesta solución”.
“La población ya ha decidido que no acepta el modelo minero y llevamos 18 años de un arduo trabajo de análisis, debates, recopilación y difusión de conocimientos así como de asambleas, marchas, encuentros de productores, entre muchas otras acciones ciudadanas”, sentenciaron, además de las dos Iniciativas Populares presentadas, las únicas en la Historia de Chubut.
Es por ello que “no podemos aceptar que desde el Estado se siga desoyendo el clamor clarísimo de la población en rechazo a la megaminería. Y mucho menos que se apliquen métodos de represión y criminalización, violentando una y otra vez a un pueblo”.
Expusieron que “el poder político debe representar efectivamente la voluntad popular, y no los intereses de las corporaciones que implican saqueo y destrucción”.
Por todo esto, han solicitado al Presidente que “instruya al secretario Hensel y al Ministro (de Ambiente) Juan Cabandié se abstengan de continuar impulsando la habilitación de la minería metalífera a gran escala en el territorio de nuestra provincia y respeten la voluntad popular”.
Sobre el final, refrescaron que el proyecto para habilitar la megaminería que se encuentra en Legislatura “ha recibido un rechazo contundente en más de 40 declaraciones de asociaciones de científicos e investigadores, docentes universitarios de diversas casas de estudio, de congregaciones cristianas y de los obispos católicos, y profesionales de distintas actividades”.
Incluso, informaron sobre “la denuncia por parte de un investigador del CONICET sobre la tergiversación de un estudio sobre índices de calidad de vida”.
Remarcaron que “sabemos que el proyecto de Arcioni-Hensel es sólo el disparador de la habilitación de explotaciones en todo el territorio provincial, cuyos yacimientos se siguen ofreciendo en encuentros internacionales, incluyendo el ubicado en cercanías de Esquel, desconociendo nuestro Plebiscito de 2003”, dispararon.
Cuestionaron también los supuestos “controles participativos”, “controles comunitarios”, o las prácticas de “minería sustentable y sostenible”, ya que “son propuestas irreales, slogans de propaganda minera, desmentidos con claridad en las experiencias de Jáchal, San Rafael, San Antonio Oeste y otras poblaciones que sufren actualmente –sobre las cuales- existe abundante documentación”.
Concluyeron invitando al Ejecutivo nacional “a actualizar sus bases de información respecto a matrices productivas verdaderamente sustentables, a consultar la abundante bibliografía que trata los impactos de la minería a gran escala, y también a evitar la imposición de decisiones a las provincias desde una mirada centralista, incompatible con el carácter federal de nuestra Constitución, y cortoplacista, desconocedora del contexto de cambio climático mundial y de los perjuicios ambientales ya verificables y en aumento para las jóvenes generaciones actuales y futuras”.
Fuente: noalamina.org
