Los fiscales federales solicitaron penas de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para cuatro exjefes de la Armada Argentina, acusados por el hundimiento del submarino que causó la muerte de 44 tripulantes.
Durante una audiencia realizada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, el Ministerio Público Fiscal pidió condenas de entre tres años y medio y cinco años de prisión efectiva para cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina por su presunta responsabilidad en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017.
Los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, Gastón Franco Pruzan y María Andrea Garmendia Orueta sostuvieron que los imputados incumplieron obligaciones vinculadas al mantenimiento, alistamiento e inspección operativa de la embarcación. Según el alegato, esas omisiones derivaron en condiciones deficientes que terminaron contribuyendo al trágico desenlace que costó la vida de los 44 tripulantes.
Las penas solicitadas alcanzan los cinco años de prisión para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y el excapitán de navío Claudio Javier Villamide. Además, se requirieron cuatro años de prisión para Héctor Aníbal Alonso y tres años y seis meses para Hugo Miguel Correa. En todos los casos, el Ministerio Público también pidió la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
LEE TAMBIÉN | Portaba un revólver cargado y lo descartó cuando vio a la policía
Durante más de diez horas de exposición, los representantes de la acusación repasaron la cronología de los hechos y presentaron documentación técnica que, a su criterio, demuestra reiterados incumplimientos de normas de mantenimiento y seguridad. Entre los elementos destacados figura un informe elaborado meses antes de la última misión, en el que se advertían problemas operativos y la necesidad de ingresar el submarino a dique seco.
Los fiscales consideraron acreditado que los acusados violaron el deber de cuidado exigido por sus funciones y sostuvieron que las irregularidades detectadas incrementaron los riesgos de operación del submarino. También remarcaron que la pérdida del ARA San Juan significó no solo la muerte de sus tripulantes, sino también la destrucción de un activo estratégico para la defensa nacional.
Al cierre del alegato, el equipo fiscal afirmó que la prueba reunida durante el juicio es contundente y sostuvo que las decisiones adoptadas por los entonces responsables de la conducción operativa de la fuerza fueron determinantes para el desenlace ocurrido el 15 de noviembre de 2017. El debate judicial continúa mientras el tribunal evalúa los planteos de las partes antes de dictar sentencia.
Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Nación.
