Organismos de derechos humanos de Río Negro pidieron que se aceleren las audiencias de los juicios por crímenes lesa humanidad cometidos en la última dictadura que se iniciaron el 3 de agosto en el juzgado federal de General Roca.
«Algunas personas esperaron más de 40 años para dar su testimonio», dijo este jueves la secretaria de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter), María Inés Hernández.
En el juicio de General Roca se analiza la responsabilidad de los jefes militares y policiales en la extensión de la persecución contra familiares y allegados de dirigentes gremiales, entre quienes figuran Héctor Osorio, Wilfredo Woolcock, Alberto Lima, Miguel Saso y Omar Kader.
La mayoría tiene avanzada edad y al menos uno de ellos está con serios problemas cognitivos y de salud que le impide seguir con atención las audiencias.
Las víctimas de las detenciones ilegales y clandestinas fueron los dirigentes del gremio de la construcción de Sierra Grande Daniel Ávalos y Carlos Apolinario Lima.
Ávalos estuvo entre abril y diciembre de 1976 en la delegación de la Policía Federal de Viedma y Lima permaneció secuestrado algunas semanas en la Escuela de Cadetes de la policía de la capital provincial.
Se estima que más de 40 testigos pasarán por el juicio que los imputados seguirán vía zoom todos los miércoles.
Se trata del exinterventor de Río Negro entre el 24 de marzo y el 14 de abril de 1976, Néstor Castelli; el ex comisario de Sierra Grande Rubén Codina; el ex jefe de delegación de la Policía Federal Vicente Forchetti y los ex oficiales de la policía provincial Víctor Lobos y Elfio Navarrete.
El Tribunal Oral Federal (TOF) está integrado por los jueces Alejandro Silva, Simón Bracco y Alejandro Cabral.
La dirigente docente destacó la importancia de llevar estos casos a juicio, pero también pidió una solución más rápida. «Desde todas las organizaciones pedimos que se vayan abreviando los tiempos, es urgente porque parte de los querellantes son personas muy mayores que se fueron sosteniendo en la búsqueda de la verdad», remarcó.
«Para quienes están brindando su testimonio también es difícil porque viven en otros lugares y las dilaciones se sostienen solamente por la búsqueda de la verdad, pero tendrían que ser más acotadas y más urgentes las resoluciones», remarcó. Las audiencias fueron programadas hasta octubre.
Adelantó que el 7 de ese mes se va a señalar la zona donde estuvieron la mina de Hipasam y la comisaría de Sierra Grande como «Espacios de Memoria» para recordar que hubo detenciones y torturas.
Dijo que «seguimos rescatando que aunque haya pasado un gobierno en el que se trató de implementar la política del olvido, los juicios continuaron».
Para Hernández, esa continuidad permite testimonios nuevos «porque hay gente que en su momento no se animó hablar y ahora lo está haciendo. Pero a veces los tiempos de la justicia no tienen que ver con los tiempos biológicos y el riesgo es que esos testimonios se pierdan, entonces lo importante es empezar a agilizarlos».
