Dos fiscales solicitaron jueves que sea citado a indagatoria el exministro de Salud Ginés González García por la supuesta aplicación irregular de vacunas contra el coronavirus a personas “elegidas discrecionalmente y por afinidad, que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos”.
El requerimiento fue formulado hoy por el fiscal Eduardo Taiano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez a través de un escrito de 100 páginas entregado ante la jueza María Eugenia Capuchetti, quien en su momento había dispuesto el archivo parcial del caso.
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Los fiscales también pidieron la indagatoria del extitular del Hospital Posadas, Alberto Maceira, la exjefa del servicio de medicina preventiva de ese hospital María Elena Borda, el exsecretario privado de González García, Marcelo Guille, y de Alejandro Salvador Costa, quien se desempeñaba entonces como subsecretario de Estrategias Sanitarias.
A los imputados se los acusa de haber suministrado vacunas contra el coronavirus, a principios del 2021, a personas que no estaban entre las que encabezaban la “priorización establecida por la norma”, es decir que aún no habían sido alcanzadas por el Plan Estratégico de Vacunación.
Los fiscales describieron 3 hechos diferenciados en su imputación:
- Orden de 10 vacunas contra el Covid-19 del Hospital Posadas para enviar al ministerio de Salud el 18 de febrero del 2021 para inocular a 10 personas que no estaban habilitadas a recibir su dosis.
- Orden de retirar 5 vacunas contra el Covid-19 asignadas al Ministerio de Salud de la Nación y su traslado al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde con fecha 1 de febrero de 2021 para su inoculación, y la de su familia.
- Orden de aplicar de forma irregular al menos 35 (treinta y cinco) vacunas contra el Covid-19 asignadas al centro hospitalario Posadas. En el período comprendido entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, fueron utilizadas en ese nosocomio para vacunar a 23 personas elegidas discrecionalmente y por motivos particulares.
La Justicia les achaca los cargos de abuso de autoridad y peculado de bienes y servicios.
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Fuente: Télam
