El juicio oral contra Cristian «Pity» Álvarez comenzó este lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de Buenos Aires. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados enfrenta cargos por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano, y podría enfrentar una pena de 8 a 25 años de prisión.
La primera audiencia estuvo marcada por la tensión. El defensor Javier Marino volvió a pedir la suspensión del debate por el estado de salud mental de su asistido: «El señor Álvarez no está presente. No me parece razonable que se someta a juicio a una persona que no está presente». El pedido fue rechazado por el tribunal y por el fiscal Sandro Abraldes, quien fue contundente: «La otra posibilidad es que al señor Pity Álvarez este juicio lo aburra. Dormirse o aburrirse no habilita a suspender el juicio». El fiscal también recordó que Álvarez organizó recitales y dio una entrevista a la revista Rolling Stone días antes del inicio del proceso.
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Los jueces sostuvieron que el Cuerpo Médico Forense había concluido que Álvarez cuenta con reserva cognitiva suficiente para afrontar el juicio, y que durante la audiencia respondió sin dificultad cuando fue interrogado y demostró comprender la imputación. «El desarrollo del juicio no puede quedar supeditado a la voluntad del acusado», señaló el presidente del tribunal, Gustavo Goerner.
Cuando llegó el momento de declarar, Álvarez se acercó al micrófono con la voz ronca. Dijo no recordar su número de DNI, que su profesión es «la música» y que padece hipertensión, diabetes y secuelas de una operación de cadera. Ante la consulta sobre adicciones, respondió: «Muy adicto a la pasta base. Por decisión propia no consumo desde el 92». Consultado sobre si declararía, dijo: «Más adelante». La próxima audiencia quedó fijada para el miércoles, con un máximo de 5 testigos para que no se extienda más de tres horas.
Además del homicidio de Díaz, Álvarez enfrenta una segunda causa por privación ilegítima de la libertad con violencia y amenazas, ocurrida en 2016. Su defensor pidió la extinción de esa acción penal por vencimiento de plazos; el fiscal solicitó la absolución porque ninguna de las víctimas quiso continuar el proceso.
Con información de Infobae.


