Foto de archivo.
La jefa de la Unidad Anticorrupción precisó que el eje del reclamo de la defensa fue la falta de acceso a una pericia informática clave que contenía información extraída de teléfonos celulares de los funcionarios y comerciante acusados.
La jefa de la Unidad Anticorrupción, Julieta Gamarra, brindó detalles sobre la suspensión de la audiencia de este viernes en la causa “Pollos de Papel”, investigación que apunta a un presunto fraude en la compra de carne y pollo por más de 70 millones de pesos destinados a programas sociales en Trelew.
Según explicó Gamarra, el eje del reclamo de la defensa fue la falta de acceso a una pericia informática clave que contenía información extraída de teléfonos celulares de los funcionarios y comerciante acusados. La Fiscalía acompañó el pedido de la defensa con el objetivo de garantizar el debido proceso y evitar futuras impugnaciones, debido que las imputaciones se basan en esas comunicaciones.
La funcionaria también aclaró que, si bien la audiencia estaba destinada a formalizar la apertura de investigación contra los imputados, el derecho a una defensa adecuada prevaleció. “Avanzar sin acceso a la información podía poner en riesgo todo lo realizado hasta ahora”, sostuvo.
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Ante esto, el juez resolvió otorgar un plazo de entre 15 y 25 días para que los defensores revisen tanto la pericia informática como la documentación completa de la causa. De esta manera, se busca evitar futuros problemas de nulidad que podrían hacer caer el trabajo investigativo.
La investigación
La fiscal explicó que se investiga un circuito fraudulento en el que los funcionarios públicos involucrados solicitaban productos alimenticios, específicamente pollo y carne, enmarcándolos en un programa de asistencia social. Según explicó, este proceso aparentaba ser legal, pero en realidad, los funcionarios hacían licitaciones por mercadería que ya había sido entregada previamente. La fiscal detalló que los imputados retiraban grandes cantidades de productos de los comercios sin seguir el procedimiento adecuado, lo que generaba deudas millonarias y afectaba gravemente el patrimonio municipal.
Para finalizar, Gamarra subrayó que los alimentos destinados a personas en estado de vulnerabilidad nunca llegaron a su destino, ya que no existía un listado de beneficiarios, lo que evidenciaba la naturaleza fraudulenta del plan.
