La jueza de Familia Mariela Panigadi explicó que la educación en el hogar no puede reemplazar automáticamente la asistencia a una institución reconocida por el Estado. La resolución se basó en la obligatoriedad escolar y en el interés superior de la niña.
La jueza de Familia de Puerto Madryn, Mariela Panigadi, explicó los fundamentos de una sentencia que ordenó a una pareja retomar la escolarización presencial de su hija de 4 años. Los padres habían optado por una modalidad de educación en el hogar, conocida como homeschooling, mediante una plataforma internacional que no contaba con la aprobación del Ministerio de Educación.
En una entrevista con LU20 Radio Chubut, la magistrada recordó que en Argentina la educación es obligatoria desde los cuatro años hasta la finalización de la escuela secundaria. En ese marco, sostuvo que la elección de una propuesta educativa por parte de las familias debe ajustarse a las instituciones habilitadas por el Estado. “El derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos debe ejercerse dentro del marco de las instituciones habilitadas por el Estado”, afirmó.
Panigadi también señaló que la asistencia presencial cumple funciones que van más allá del aprendizaje de contenidos académicos, como la socialización, la incorporación de límites y el contacto con personas que tienen distintas formas de pensar. Según explicó, la educación en el hogar podría contemplarse en circunstancias excepcionales, pero corresponde a los progenitores demostrar por qué sería más conveniente para el niño o la niña involucrada.
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Uno de los argumentos de la familia fue que la menor había manifestado su rechazo a concurrir al jardín después de un cambio de docente. La jueza consideró que esa situación, por sí sola, no justificaba abandonar la escolaridad presencial. Como alternativas, mencionó la posibilidad de trabajar con la niña para superar la dificultad o evaluar un cambio de sala o de establecimiento educativo.
La magistrada también destacó la aplicación del principio del interés superior del niño y la necesidad de escuchar su opinión durante los procesos judiciales. En este caso, la niña fue escuchada con intervención de equipos técnicos y durante la segunda instancia. Panigadi indicó que, posteriormente, la menor manifestó estar contenta con el jardín y haberse adaptado a la nueva sala que comenzó a cursar este año.
Finalmente, la jueza remarcó que la opinión de niñas, niños y adolescentes debe valorarse de acuerdo con su edad y madurez, aunque no determina por sí sola la decisión judicial. “Nosotros tenemos una obligación que es tratar de desentrañar qué es lo mejor para esos niños, y a veces no coincide con el deseo”, expresó. También subrayó que la escuela constituye un espacio fundamental para aprender a convivir y respetar la diversidad.
Con información de JusNoticias.
