El Gobierno anunció que habilitará la inversión privada en Corredores Viales. Los concesionarios cobrarán peajes a cambio de obras.
El Gobierno lanzó la privatización de unos 6.000 kilómetros de rutas y autopistas, permitiendo la participación de capitales privados en la empresa estatal Corredores Viales. La decisión busca mejorar el estado de las vías y garantizar su mantenimiento, a cambio de otorgar a los concesionarios el derecho a cobrar peajes.
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Según fuentes oficiales, el 45% de la red administrada por Corredores Viales se encuentra en estado crítico, con contratos de obra paralizados y un atraso tarifario del 45%. La compañía gestiona sectores clave de las rutas nacionales 3, 5, 7, 8 y 9, además de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que el modelo apunta a fomentar la inversión privada en infraestructura. «Se terminó la patria contratista donde subían los peajes y las rutas se caían a pedazos», afirmó. El Gobierno sostiene que el sector privado podrá ejecutar las obras sin las restricciones de la ley de obra pública.
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La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de coordinar la transición. Entre sus tareas estarán la extinción de contratos actuales, la licitación de nuevos concesionarios y la disolución de Corredores Viales una vez adjudicadas las rutas.
El Gobierno justificó la medida argumentando que Corredores Viales registró en 2023 un déficit significativo. La empresa acumuló pérdidas por $268.000 millones y mantiene deudas con proveedores por $142.000 millones. En total, el Estado destinó $301.000 millones para sostener su funcionamiento.
Fuente: Noticias Argentinas.
Imagen de archivo.
