Un hecho sin precedentes en Mendoza sacudió al sistema judicial y penitenciario: diez personas fueron procesadas con prisión preventiva por integrar una organización criminal que operaba desde el Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo. Se trata del primer caso en la provincia en el que se aplica la llamada «Ley Antimafia», incorporada este año al Código Penal argentino.
La resolución fue dictada por el juez federal Marcelo Garnica, quien consideró acreditada la existencia de una estructura delictiva que traficaba drogas, armas y operaba vehículos con irregularidades. El procesamiento se realizó en base al artículo 210 ter del Código Penal, que contempla penas agravadas para quienes forman parte de organizaciones criminales complejas.
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La investigación comenzó con una denuncia anónima en junio de 2024 y se extendió por casi un año, revelando que la red estaba liderada por dos reclusos del penal. Con apoyo de Gendarmería Nacional, el Ministerio Público Fiscal realizó tareas de inteligencia, intervenciones telefónicas y 21 allanamientos que permitieron identificar a los miembros, incautar armas, drogas, vehículos y celulares, y desarticular los espacios logísticos de la banda.
Entre los elementos más alarmantes se encuentran las maniobras utilizadas para ingresar drogas al penal, como el uso de embarazadas y niños durante las visitas, aprovechando que no eran sometidos a escáneres. Incluso se investigan posibles colaboraciones de agentes penitenciarios, aunque aún no fueron probadas judicialmente.
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El juez Garnica imputó a los acusados por delitos agravados de tráfico de estupefacientes (con participación de menores y dentro de un penal), tráfico de armas y encubrimiento. También dictó embargos sobre sus bienes por $4.680.000 a cada uno. El caso marca un punto de inflexión en el combate contra el crimen organizado en Mendoza, al inaugurar la aplicación de una herramienta legal clave.
Fuente: Noticias Argentinas.
