A través del decreto 2024-712, el Gobierno nacional establece que las aeronaves públicas solo podrán ser usadas para tareas relacionadas con el servicio del poder público y prohíbe su empleo en actividades privadas.
El Gobierno nacional ha emitido un nuevo decreto que prohíbe el uso de aeronaves públicas en actividades privadas, restringiendo su utilización exclusivamente a funciones relacionadas con el servicio del poder público. Esta medida, que se formalizó mediante el decreto 2024-712 firmado por el Presidente Javier Milei, busca asegurar que las aeronaves de titularidad estatal se utilicen de manera adecuada y transparente.
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Según el decreto, “las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público”. La normativa prohíbe explícitamente su uso en cualquier actividad aérea que pueda ser considerada propia de una aeronave privada. Esto incluye una amplia gama de usos no gubernamentales que antes podían estar permitidos.
El decreto también aclara que las aeronaves privadas de titularidad estatal, incluyendo las de las Provincias, la Ciudad de Buenos Aires, los Municipios y los entes descentralizados, podrán llevar a cabo actividades aerocomerciales y de trabajo aéreo siempre y cuando cuenten con las autorizaciones pertinentes de la autoridad aeronáutica.
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Además, la normativa estipula que los servicios de navegación aérea deben priorizar la operación de las aeronaves públicas. Estas aeronaves podrán ser objeto de contratos interjurisdiccionales siempre que todas las partes involucradas pertenezcan al Sector Público.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha sido instruida para que, dentro de los próximos 120 días, desarrolle una normativa específica que regule el uso de aeronaves públicas y privadas de propiedad estatal, garantizando el cumplimiento de las nuevas directrices establecidas por el decreto.
Foto: Primer Plano Online
