Miles de brasileños volvieron este sábado a las calles, convocados por sindicatos, organizaciones estudiantiles y movimientos sociales, para rechazar la gestión de la pandemia de coronavirus del presidente Jair Bolsonaro y reclamar su destitución, además de repudiar la corrupción y exigir una ayuda económica de emergencia y un plan de vacunación más sostenido.
Las manifestaciones, que se replicaron en todos los estados del país y en más de 110 ciudades, tuvieron un aliciente inesperado por la decisión de anoche del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, de abrir una investigación a Bolsonaro por el delito de prevaricato. Se lo acusa de haber estado al tanto de un caso de corrupción en la compra de vacunas Covaxin y no haberlo denunciado a las autoridades, indicó la agencia Télam.
La de hoy fue la tercera jornada de manifestaciones de las últimas semanas contra el Gobierno, que viene enfrentando una presión creciente por una investigación parlamentaria sobre presuntas omisiones en su gestión de la pandemia, que ya dejó más de 500.000 muertos en Brasil.
Las mayores movilizaciones hoy fueron en Rio de Janeiro, Recife, Brasilia y San Pablo, aunque también se registraron protestas en otras capitales estatales como Belem (Pará, norte) y Maceió (Alagoas), y en las ciudades de Goiana y Florianópolis, donde se vieron pancartas que rezaban «Bolsonaro genocida», «Impeachment ya» y «Sí a las vacunas».
En los dos primeros meses de audiencias, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado se centró sobre todo en la demora para sellar acuerdos con las farmacéuticas para adquirir vacunas, mientras Bolsonaro impulsaba el uso de medicamentos ineficaces contra la Covid-19 -como la hidroxicloroqiuna- y criticaba las medidas de distanciamiento social.
Pero desde la semana pasada el testimonio de un funcionario del Ministerio de Salud cambió el foco de las investigaciones al declarar que en marzo pasado sufrió una «presión atípica» para concretar una compra de tres millones de dosis de la vacuna india Covaxin que, a su entender, presentaba indicios de irregularidades, entre ellas un precio mucho mayor al pagado por Brasil por cualquier otro inmunizante.
El funcionario Ricardo Miranda, hermano del diputado bolsonarista Luis Miranda, afirmó haber trasladado personalmente las sospechas a Bolsonaro, quien se habría comprometido a llevar el caso a la Policía Federal, algo que aparentemente no hizo.
Esto motivó ayer la apertura de una investigación de la Fiscalía General contra el presidente, que averiguará si Bolsonaro cometió o no el delito de prevaricato, al supuestamente no denunciar las sospechas de irregularidades.
El Supremo Tribunal Federal avaló la decisión que sea la Policía Federal quien se encargue de interrogar al presidente por ese contrato que fue suspendido esta semana, tras la explosión del escándalo y tres meses después de la reunión en Casa de Gobierno en la que Miranda le comentó a Bolsonaro sobre las irregularidades.
Este escándalo sobre Covaxin fue el primero en explotar durante junio y le sigue otro en el cual la empresa estadounidense Davati, dedicada a insumos médicos, denunció a un director de logística del Ministerio de Salud por pedirle 1 dólar de coima por cada vacuna AstraZeneca que fue ofrecida en forma tercerizada, en un contrato que no llegó a cumplirse.
La apertura de la investigación se suma al «superpedido» de impeachement por 123 violaciones a la Constitución que presentó la oposición, de derecha e izquierda, ante el Congreso.
