La Fiscalía analiza aplicar una probation con reparación económica para las 36 víctimas. La decisión surge tras no poder acreditar la figura de asociación ilícita en la investigación.
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La causa conocida como la “estafa de los lentes” en Puerto Madryn podría resolverse mediante una salida alternativa al juicio oral. La Fiscalía evalúa la suspensión de juicio a prueba —probation— con restitución económica para las víctimas, luego de que no se lograra acreditar la participación de una tercera persona que permitiera agravar la imputación como asociación ilícita.
El abogado querellante, Héctor Vargas, confirmó que mantuvo contacto con el Ministerio Público Fiscal y fue notificado de la propuesta presentada por la Defensa. Según explicó, si bien la investigación avanzó, no se pudo probar de manera fehaciente la intervención de otro implicado en los hechos denunciados.
“La Defensa propuso una suspensión del juicio a prueba y se dio traslado a las víctimas”, indicó Vargas. En este escenario, el letrado debía reunirse con los damnificados para informarles sobre los alcances de la medida y evaluar los pasos a seguir.
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La investigación se inició tras múltiples denuncias contra Facundo Nahuel Insúa, acusado de ofrecer anteojos que nunca fueron entregados. El imputado fue localizado y detenido en la provincia de Chaco, donde, según consta en la causa, habría continuado con el mismo modus operandi.
La figura de suspensión de juicio a prueba implica que el acusado reconoce los hechos, pero evita atravesar las etapas de producción de prueba, juicio y eventual sentencia. A cambio, el juez impone reglas de conducta por un plazo determinado. Entre las condiciones propuestas en este caso se encuentra la restitución del dinero a las personas afectadas.
En el expediente figuran 36 damnificados que lograron acreditar pagos y transferencias al imputado. Los montos abonados, en diciembre de 2024, oscilaban entre 40 mil y 80 mil pesos, cifras que deberían actualizarse a valores actuales en caso de acordarse la reparación económica.
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Si bien la opinión de las víctimas no resulta jurídicamente vinculante, su postura puede ser considerada por el magistrado al momento de resolver la procedencia de la probation.
La posible aplicación de esta salida alternativa abre un nuevo escenario en una causa que generó fuerte repercusión en Puerto Madryn, donde vecinos y vecinas esperan recuperar el dinero perdido y cerrar un proceso judicial que se extendió durante meses.
