El Poder Ejecutivo nacional oficializó, mediante el Decreto 868/2026, nuevas disposiciones destinadas a fortalecer los controles sobre las operaciones hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina y los espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei y sus ministros, modifica distintos aspectos de la legislación vigente y busca aumentar las sanciones contra personas y empresas que desarrollen actividades prohibidas en las áreas marítimas bajo disputa de soberanía.
Uno de los principales cambios es la designación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como Autoridad de Aplicación de la Ley 26.659. De esta manera, el área diplomática tendrá un rol central en el control y seguimiento de las actividades hidrocarburíferas en la zona.
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El decreto también establece nuevos plazos para agilizar los procedimientos. Los organismos de la Administración Pública Nacional deberán informar en un máximo de cinco días hábiles cualquier hecho que pueda constituir una conducta prohibida, mientras que los presuntos infractores tendrán diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas.
Además, el Gobierno incorporó requisitos específicos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las empresas deberán presentar una declaración jurada que garantice el cumplimiento de la Ley 26.659, y la autoridad competente deberá intervenir antes de aprobar nuevas adhesiones al régimen.
La normativa también alcanza a los permisos y concesiones hidrocarburíferas. Quienes busquen autorizaciones para desarrollar actividades petroleras deberán presentar declaraciones juradas sobre el cumplimiento de las restricciones vigentes en los espacios marítimos nacionales. Las medidas forman parte de la estrategia anunciada por Milei durante su reciente cadena nacional sobre la cuestión Malvinas.
Fuente: Minutouno.
