Los representantes legales de la Lof Quemquemtrew y del empresario Rolando Rocco llegaron este jueves a un acuerdo pacífico por el cual se suspenden por seis meses los desalojos y se levantan las medidas cautelares en torno al conflicto por posesión de tierras originado en el paraje Cuesta del Ternero, ubicado en las inmediaciones de El Bolsón.
En una instancia procesal desarrollada por Zoom, el abogado Ernesto Saavedra, que representa a Rocco, destacó que «luego de diversas conversaciones se llegó a un acuerdo intermedio entre las partes que propende la pacificación de la situación».
La resolución, que fue comunicada este jueves por Ministerio Público Fiscal (MPF) rionegrino, aclara además que «las partes se comprometen a integrar diversos elementos al legajo penal».
Por su parte, la abogada de la Lof Quemquemtrew, Andrea Reile, evaluó que el entendimiento implica «sacar el retén policial de la zona y terminar con la prohibición de llevar comida» al lugar en el cual se desarrolla este litigio de tierras.
«La Lof levantará el acampe solidario y continuará con los trámites iniciados ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para lograr el reconocimiento de su presencia ancestral en el territorio», agregó.
Por su parte, el fiscal de Río Negro Francisco Arrien manifestó que el MPF de la provincia «acompaña el acuerdo, y el juez de Bariloche Ricardo Calcagno pidió que los integrantes de la Lof Quemquemtrew y Rocco expresaran su conformidad en la audiencia que encabezó».
«Habiendo prestado conformidad las partes voy a dar por prorrogados los plazos de la investigación penal preparatoria hasta el 17 de agosto próximo y revocar las medidas cautelares dispuestas en el legajo y la suspensión del desalojo», concluyó el magistrado.
La Procuración General de Río Negro, facilitó el acercamiento entre el empresario Rolando Rocco y la Lof Quemquemtrew que reclama el predio de tierras aludiendo a su «derecho ancestral».
El trabajo se realizó en función del Artículo Nº 14 del Código Procesal Penal de Río Negro que rige la actuación de jueces y fiscales y los insta a «la solución del conflicto primario surgido a consecuencia del hecho, a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social».
