Este jueves, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó recursos extraordinarios presentados ante la Corte Suprema de Justicia por la defensa de Amado Boudou y el resto de los condenados en el caso Ciccone.
La sentencia había sido firmada por la Justicia en agosto del año pasado y ya había sido confirmada por el mismo tribunal. Concretamente, el 17 de julio la Cámara de Casación Penal había confirmado la condena contra Boudou a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
Además, se había ratificado las condenas de 5 años y 6 meses de prisión de José María Núñez Carmona; de 4 años y 6 meses de prisión de Nicolás Tadeo Ciccone; y las penas en suspenso de, 2 años para Alejandro Paul Vandenbroele; de 3 años para Rafael Resnick Brenner y de 2 años y 6 meses para César Guido Forcieri.
En este caso, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, declararon inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas, respaldado las condenas.
Con esta decisión de Casación, el ex vicepresidente comenzará a cumplir la condena dictada en el Caso ya que al momento continúa con la prisión preventiva.
En más de 700 páginas, los magistrados rechazaron las nulidades planteadas por las defensas y ratificaron así las penas impuestas y rechazaron los planteos de inconstitucionalidad.
EL CASO CICCONE
En la causa se investigó a Nicolás Tadeo Ciccone por entregar su empresa “Ciccone Calcográfica” al grupo liderado por Amado Boudou tras comprometerse a volver operativa a la firma para que pudiera contratar con el Estado Nacional y obtener importantes réditos económicos.
Una vez en control de la firma, el grupo liderado manipuló en provecho personal, por lo menos, tres organismos del Estado: la Casa de Moneda, la AFIP y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
En la causa se señaló que el circuito cerró en abril del 2012, cuando el Gobierno contrató a Ciccone, para que imprimiera 160 millones de billetes de cien pesos, un trabajo por el que el Estado pagó 140 millones de pesos.
Fuente: Télam / La Nación / Clarín
