La profesional del Hospital Santa Teresita fue acusada de lesiones graves culposas tras un procedimiento que habría provocado una necrosis en el brazo izquierdo de una paciente de 22 años. La investigación judicial se extenderá durante seis meses.
Una licenciada en obstetricia del Hospital Santa Teresita de Rawson fue imputada por el delito de lesiones graves culposas, en el marco de una investigación por una presunta mala praxis durante la colocación de un implante anticonceptivo subdérmico. La decisión fue tomada por la jueza de garantías Laura Martini, durante una audiencia realizada este martes.
El hecho ocurrió el 20 de marzo pasado, cuando una joven de 22 años, madre de una niña, concurrió al establecimiento sanitario para colocarse el dispositivo. Según la hipótesis de la Fiscalía, la profesional habría actuado con negligencia al utilizar una sustancia que hasta el momento no pudo ser identificada, en lugar de lidocaína, el anestésico habitualmente empleado para este tipo de prácticas.
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Como consecuencia del procedimiento, la paciente sufrió una necrosis en el brazo izquierdo y posteriormente debió someterse a una intervención médica para retirar el implante anticonceptivo. Durante la audiencia, también manifestó que las lesiones afectaron los trámites y estudios médicos que realizaba para ingresar a la Policía del Chubut, además de generarle otras consecuencias personales.
La apertura de la investigación fue solicitada por la abogada de Fiscalía Daiana Sandoval, en representación del Ministerio Público Fiscal de Rawson. El fiscal general a cargo del caso es Leonardo Cheuquemán Levill. Entre las evidencias presentadas se encuentran historias clínicas, informes forenses, testimonios de profesionales del hospital, médicos forenses y familiares de la paciente, además de elementos recolectados durante un allanamiento realizado en el establecimiento sanitario.
La defensa de la profesional, ejercida por el abogado Emilio Galende, no presentó objeciones a la imputación ni a la apertura de la investigación. Ante esta situación, la jueza Martini dispuso un plazo de seis meses para avanzar con las medidas correspondientes e instó a las partes a considerar una posible solución alternativa para resolver el conflicto.


