El fiscal general de Puerto Madryn, Jorge Bugueño, explicó a Radio 3 los alcances de la nueva normativa que permitirá iniciar procesos penales contra adolescentes desde los 14 años y detalló cómo se aplicarán las sanciones en Chubut.
El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzará a regir el próximo 5 de septiembre y establecerá un cambio significativo en la edad de imputabilidad en Argentina. Desde esa fecha, los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser sometidos a un proceso penal por delitos, mientras que actualmente la normativa contempla la imputabilidad para jóvenes de 16 y 17 años.
En diálogo con Radio 3, el fiscal general de Puerto Madryn, Jorge Bugueño, explicó que la nueva legislación no implica que los menores sean tratados como adultos. “A partir del 5 de septiembre, van a ser imputables, es decir, vamos a poder traer a proceso a personas menores de edad a partir de los 14 años”, señaló.
Bugueño aclaró que el proceso puede derivar en una declaración de responsabilidad penal cuando se compruebe que el hecho constituye un delito y que el adolescente fue su autor. Sin embargo, la ley establece diferentes alternativas a la prisión según la gravedad del delito y la pena prevista. Entre ellas se encuentran las amonestaciones, prohibiciones de acercamiento, conciliaciones, tareas comunitarias, reparaciones y mediaciones.
El fiscal remarcó que estas medidas buscan priorizar respuestas diferentes al encarcelamiento para los adolescentes. “Esto es una responsabilidad penal por sus actos, por aquellos que obviamente se compruebe que son un delito y que esta persona es el autor de estos hechos”, explicó Bugueño, quien indicó que las alternativas dependen de las características de cada caso.
No obstante, el representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que la prisión no queda completamente descartada. “Lo que yo estaba diciendo como alternativas son los principios, pero excepcionalmente también pueden quedar alojados en prisión preventiva o tener una condena efectiva de prisión”, sostuvo. En esos casos, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados y no en unidades penitenciarias comunes.
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En Chubut, según explicó Bugueño, ya existe infraestructura específica para atender estas situaciones. Se trata de los Centros de Orientación Socioeducativa (COCE), destinados a jóvenes en conflicto con la ley penal y con personal especializado. La provincia cuenta con un centro ubicado sobre la Ruta 3, antes de llegar a Trelew, y otro en Esquel.
Otro de los aspectos destacados por el fiscal es el tratamiento de los antecedentes. La nueva normativa establece que los antecedentes penales correspondientes a hechos cometidos durante la minoría de edad no podrán ser utilizados cuando la persona sea adulta. Bugueño aclaró que determinadas actuaciones pueden ser consideradas durante el proceso juvenil para evaluar una eventual sanción, pero no podrán trasladarse como antecedentes penales a la vida adulta.
La implementación de la nueva normativa también incluyó capacitaciones para operadores judiciales y acciones de difusión en establecimientos educativos. “Desde la Fiscalía nos hemos acercado a algunas escuelas porque sabemos que van a estar involucrados chicos que ya están después de arrancada la secundaria”, explicó Bugueño, quien destacó el trabajo de docentes y fiscales para que los adolescentes conozcan sus derechos y las consecuencias que puede tener la comisión de un delito.
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De esta manera, el nuevo régimen comenzará a aplicarse en Chubut desde el 5 de septiembre con una estructura que, según explicó el fiscal general de Puerto Madryn, ya cuenta con espacios especializados y personal preparado. El desafío estará puesto en combinar la responsabilidad frente a los delitos con herramientas orientadas a la educación, la reinserción y la prevención de nuevas conductas delictivas.
