El Gobierno del Reino Unido convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para transmitirle su rechazo al arbitraje internacional iniciado por la Argentina por la explotación de hidrocarburos en las inmediaciones de las Islas Malvinas. La medida sumó un nuevo capítulo a la disputa diplomática entre ambos países.
La posición británica fue comunicada por Uma Kumaran, subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar, quien cuestionó la presentación argentina y sostuvo que constituye un intento de afectar la prosperidad y la seguridad económica de los habitantes de las islas. Londres también puso en duda la confiabilidad de la Argentina como socio bilateral.
El Gobierno británico defendió además las actividades hidrocarburíferas desarrolladas bajo la legislación de las Islas y sostuvo que se realizan de acuerdo con el derecho internacional. En paralelo, reiteró su posición sobre la soberanía del archipiélago y su respaldo al derecho a la autodeterminación de los habitantes de las Malvinas.
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La Argentina inició el procedimiento de arbitraje el 28 de septiembre, en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo declarado por el Gobierno es impedir la explotación de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte a través del proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
La administración de Javier Milei sostiene que las actividades vinculadas con el proyecto afectan los derechos soberanos argentinos y anticipó que recurrirá a las herramientas diplomáticas, administrativas y judiciales disponibles. El Gobierno también había cuestionado previamente las actividades comerciales e hidrocarburíferas vinculadas con las islas.
El proyecto Sea Lion es uno de los principales puntos de conflicto por los recursos naturales en el Atlántico Sur. Mientras la Argentina busca impedir su desarrollo mediante mecanismos internacionales, el Reino Unido sostiene que las actividades hidrocarburíferas se encuentran dentro del marco legal que aplica en las islas, profundizando el desacuerdo entre ambos gobiernos.
Fuente: Ámbito Financiero.
