El Reino Unido enfrenta un intenso debate en el Parlamento en torno a una enmienda de la diputada laborista Tonia Antoniazzi, que busca dejar de enjuiciar a mujeres en casos de abortos. La iniciativa llega tras la investigación de más de 100 mujeres en los últimos cinco años, algunas de ellas víctimas de abortos espontáneos o mortinatos.
Antoniazzi planteó que el procedimiento actual es “un desperdicio de dinero de los contribuyentes, de recursos policiales y de espacios en el procedimiento jurídico”. Además, afirmó que aplicar la ley en esos casos “simplemente está mal” y va en contra del interés de la sociedad.
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En Inglaterra, Escocia y Gales, el procedimiento es legal hasta la semana 24, pero bajo ciertos parámetros específicos puede llevarse a cabo posteriormente, en casos en los que esté en riesgo la vida de la madre. Por otro lado, en Irlanda del Norte el aborto fue despenalizado en 2019, aumentando así el acceso de las mujeres a métodos más eficientes y seguros.
Una enmienda secundaria va aún más lejos, planteando dejar de enjuiciar también al personal médico que proporciona apoyo o procedimiento en determinados casos. Esto iría en consonancia con los grupos que creen que el procedimiento de interrupción del embarazo es una elección de salud de la mujer, pero enfrenta críticas de grupos “provida” que creen que así se deja sin protección a los más vulnerables.
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Alithea Williams, de la Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos, advirtió que están en juego tanto el futuro de los más vulnerables como de las mujeres que reciben métodos de interrupción en gestaciones avanzadas. Según ellos, el nuevo marco podría dejar a las mujeres más expuestas a presiones y violencia, debilitando así las salvaguardias establecidas en la ley.
Fuente: AP.
Foto: Kin Cheung – AP
