El gobierno británico introduce una nueva legislación que impondrá sanciones más estrictas a las empresas de agua que filtren aguas residuales, con penas que incluyen encarcelamiento para sus ejecutivos.
El jueves, el Reino Unido aprobará una nueva ley destinada a detener los vertidos de aguas residuales en ríos y mares, estableciendo castigos más duros y dando más poder al regulador del agua. Los derrames, que alcanzaron cifras récord en 2023, han generado una fuerte reacción pública contra las empresas privadas responsables de la contaminación, como Thames Water, el mayor proveedor del país.
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El nuevo gobierno, elegido en julio, se comprometió a tomar medidas firmes para mejorar la situación, otorgando a las autoridades la capacidad de prohibir bonificaciones a los directores de empresas de agua y castigando a los responsables de manera más severa. «Este proyecto de ley representa un gran avance en nuestra reforma del sistema de agua», declaró el ministro de Medio Ambiente, Steve Reed.
Bonificaciones bajo escrutinio
Uno de los puntos más criticados ha sido el hecho de que los ejecutivos de las empresas de agua reciban cuantiosas bonificaciones a pesar del incremento de la contaminación. Un caso notable es el del CEO de Thames Water, Chris Weston, quien recibió una bonificación de 195.000 libras por solo tres meses de trabajo. El ministro Reed prometió más detalles sobre los planes de mejora de la infraestructura del agua y del alcantarillado, un aspecto clave en este desafío.
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Enfrentamientos por la inversión
La cuestión de quién pagará las mejoras necesarias en las infraestructuras es objeto de debate entre las empresas y el regulador del agua, Ofwat. Las compañías argumentan que el aumento de la población y los efectos del cambio climático requieren una mayor inversión en el sistema de alcantarillado, lo cual podría derivar en un incremento en las facturas de los consumidores.
Nueva legislación y supervisión
La nueva legislación otorgará a la Agencia de Medio Ambiente la facultad de presentar cargos penales contra los ejecutivos de las empresas que infrinjan las normas, además de imponer multas automáticas por infracciones. Las compañías de agua también deberán implementar sistemas de monitoreo independiente para controlar los vertidos de aguas residuales y publicar anualmente sus planes de reducción de la contaminación.
Fuente: REUTERS
Imagen ilustrativa: RETEMA
