El Reino Unido pagará más de 54 millones de libras esterlinas (73,59 millones de dólares) a Francia como parte de un acuerdo entre ambos países para detener el número de inmigrantes que cruzan de forma ilegal el Canal de la Mancha.
En lo que va del año más de 8.000 personas cruzaron ilegalmente el brazo de mar que separa ambos países, un récord frente al total registrado el año pasado.
En ese sentido, la ministra del Interior británica, Priti Patel, y su par francés, Gérald Darmanin, firmaron el acuerdo con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral para abordar el tema.
Como parte del convenio, las autoridades británicas informaron que la cantidad de policías que patrullan las playas francesas se duplicará por segunda vez en un año para evitar que las pequeñas embarcaciones lleguen desde Francia.
Con el apoyo del Reino Unido el año pasado, Francia duplicó el número de oficiales desplegados diariamente en sus playas, mejoró el intercambio de inteligencia y compró más tecnología de punta.
Esto dio como resultado que el país de Europa continental impidiera el doble de cruces en lo que va de año que en el mismo período en 2020.
El acuerdo se produce cuando el nuevo plan de inmigración de la ministra del Interior se debate en el Parlamento esta semana.
Se trata del polémico «Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras» que, según el Gobierno británico, abordará las fallas del sistema de asilo actual y la actividad criminal detrás de la inmigración irregular y dará la bienvenida a las personas a través de rutas seguras y legales al tiempo que evita el abuso del sistema con medidas que eviten el ingreso y la criminalidad asociada a estos cruces.
«El pueblo británico simplemente se cansó de la inmigración ilegal y la explotación de inmigrantes por parte de bandas criminales. La inmigración ilegal está impulsada por delincuentes organizados y traficantes de personas», subrayó la funcionaria.
«Los ciudadanos están enojados y con razón, porque las pequeñas embarcaciones están llegando a nuestras costas, facilitados por espantosas bandas criminales que se benefician de la miseria humana y ponen vidas en peligro», aseguró.
La ministra dijo que el Gobierno está abordando el desafío de la inmigración ilegal «por primera vez en más de dos décadas» a través de una reforma integral del sistema de asilo.
Según su visión, esta ley les permitirá perseguir a las bandas que explotan a los inmigrantes, disuadir la entrada ilegal al Reino Unido e introducir nuevos delitos penales para aquellos que intentan ingresar ilegalmente al Reino Unido.
Pero para Amnistía Internacional, este proyecto de ley solo traerá más caos y demoras al sistema de inmigración del Reino Unido, al que calificó como «disfuncional».
«Criminalizar a las personas sólo por intentar llegar a un lugar seguro es indefendible desde el punto de vista moral y legal», expresó en declaraciones a la BBC Steve Valdez-Symonds, director del programa de derechos de los refugiados y los inmigrantes de la ONG.
«La gente cruza el Canal de la Mancha y se arriesga al peligro porque, sencillamente, no hay alternativas seguras para ellos», afirmó.
Consideró que la nueva legislación es una «respuesta extremadamente imprudente y peligrosa» al problema y que no abordará el problema de los traficantes de personas.
«En cambio, es probable que impulse a las personas desesperadas a evitar a las autoridades, dejándolas vulnerables a una mayor explotación y esclavitud», concluyó.
