El comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, anunció su renuncia al cargo, casi dos años después de haber sido designado por el presidente Nayib Bukele. La decisión se hizo pública el 15 de mayo, en medio de crecientes cuestionamientos por la situación de los derechos humanos en el país.
Guzmán compartió una carta en redes sociales donde expresó que renuncia “con gratitud y admiración”, destacando los aprendizajes junto al “pueblo salvadoreño y el liderazgo transformador del presidente Bukele”. La misiva confirma que el mandatario aceptó su dimisión con efecto desde el 16 de mayo.
La renuncia coincide con la detención de al menos tres activistas salvadoreños: Ruth López, jefa Anticorrupción de Cristosal; el abogado ambientalista Alejandro Henríquez; y José Ángel Pérez, presidente de una cooperativa campesina. Estas acciones han generado preocupación en organizaciones defensoras de derechos humanos.
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Durante su gestión, Guzmán negó reiteradamente que existieran violaciones de derechos humanos en El Salvador. En julio de 2023, ante la CIDH, rechazó las denuncias de torturas, represión a la prensa y persecución a opositores, asegurando que “no hay una sola denuncia” formal por agresiones a periodistas.
Pese a sus declaraciones, múltiples informes internacionales han documentado irregularidades, incluyendo espionaje con el software Pegasus y muertes en custodia durante el régimen de excepción instaurado por el gobierno. Guzmán, sin embargo, desmarcó al Estado salvadoreño de estos hechos.
El ahora exfuncionario deja su cargo en un contexto de creciente presión internacional y denuncias por la falta de garantías en el respeto a los derechos fundamentales. La comunidad internacional sigue de cerca los próximos pasos del gobierno salvadoreño ante esta renuncia clave.
Fuente: DW.
