El fiscal Marcos Nápoli, a cargo de la causa “Revelación”, dijo a Radio 3 estar “muy satisfecho” con la elevación a juicio oral y público de los ex funcionarios involucrados en la causa, desestimando los pedidos de sobreseimiento.
El Juez “ha hecho un raconto similar de la prueba de la que nosotros llevamos a la audiencia –lo cual- nos posición de cara al juicio con posibilidades ciertas de lograr una sentencia condenatoria”.
Nápoli explicó que ahora “lo próximo que viene es el sorteo del Tribunal y se verán cuales son los tres jueces (de distintas jurisdicciones) que serán designados”. A partir de allí “se fijará la fecha, que esperamos que sea cuanto antes el año que viene”.
En cuanto a la extensión del juicio, el fiscal consideró que no debería de prolongarse “más de dos meses”.
Señaló que restan “convenciones probatorias que podamos hacer con los defensores porque hay muchas pruebas que tienen que ver con legalizaciones de allanamientos secuestros y detenciones, que no hacen al fondo del caso pero que nutren en términos de prueba”.
“Tenemos escuchas telefónicas, mensajería de texto, documentación y tickets originales (que el fiscal calificó como ‘prueba estrella’)”, contó.
Sobre la elevación a juicio, el Fiscal remarcó que todos los ex funcionarios hayan sido enviados a la instancia de debate. “La tesis nuestra era tratar de despejar los empresarios con las suspensiones de juicio a prueba (Probation) y llevar a los funcionarios, porque creemos que han cometido el mayor daño”, explicó.
Respecto a los empresarios, el fiscal Nápoli indicó a Radio 3 que “para nosotros no era deseable que llegaran a juicio, hubiéramos accedido a la Probation –pero- no la ofrecieron”.
Los cuatro empresarios que llegan al juicio son Pablo Bastida y Federico Piccione, acusados de ser parte de la asociación ilícita, y Martín Castillo y Pablo Menedin que no son parte de la asociación y defienden su inocencia.
El fiscal Nápoli destacó además que se juzgue la “asociación ilícita”, remarcando que se trata de una calificación discutida ya que “el Código Penal sanciona conductas contra un bien jurídico (propiedad, vida, sexualidad u otra cuestión que sea un valor para la sociedad). En cambio, la asociación ilícita pena el solo hecho de juntarse para cometer un delito”.
“El cuestionamiento viene de este lado, que la barrera punitiva se adelanta en la preparación del delito y no en la ejecución”, remarcó.
Los ex funcionarios que llegan a esta instancia son Diego Correa, Víctor Cisterna, Pablo Oca, Gonzalo Carpintero, Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Luthers. En este sentido, el Fiscal reconoció que “hubo un intento fuerte de sacarlos”, al referirse a la situación de Bortagary y Pagani.
“Nosotros estábamos convencidos que sin ellos en esta rueda gigante de recaudación dineraria, no había modo que quienes dirigían la asociación ilícita pudieran echar mano a los fondos del IPV o a las actividades que desplegaba Obras Públicas”, explicó Nápoli al referirse al ex responsable del IPV y el ex Ministro de Infraestructura.
Haciendo un repaso de las audiencias preliminares, el fiscal reconoció a Radio 3 que llamaron la atención declaraciones de Borrtagaray, en quien “está clara la maniobra, incluso cobrando sobresueldos”.
También en el caso del empresario Castillo que dijo desconocer al extinto gobernador Mario Das Neves: “El declarar tiene sus costos. El imputado tiene la posibilidad pero esa expresión puede ser utilizada en su contra. Uno puede tener en claro los números o lo que tiene que decir pero probablemente se olvide que en un acto público a su derecha y en una foto que está en el diario estaba tal persona”, replicó.
De esta forma, el responsable de la investigación indicó que “seguimos trabajando en la oficina con otros casos –como- la causa Lotería y además cubrimos a los compañeros de Trelew. Trabajo tenemos de sobra”, concluyó.
