De las tres resoluciones dictadas este martes por el tribunal de apelaciones, en dos se dispuso la falta de mérito para la ex mandataria: una en la causa que investiga supuestos sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), y la otra en la del supuesto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante el gobierno kirchnerista.
La causa de sobreprecios en la importación de GNL fue la invocada por el juez federal Claudio Bonadio para sugerir una supuesta conexidad con el caso de los «cuadernos» -en el que se investiga una supuesta asociación ilícita orientada a recaudar fondos ilegales desde lo que fue el Ministerio de Planificación Federal- y poder quedarse con ese expediente en lugar de enviarlo a sorteo.
En ese sentido, al dictarle al falta de mérito a la senadora, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -de la Sala I- sostuvieron que por ahora no hay elementos para acreditar que «la operatoria ilícita relacionada con el GNL haya estado inmersa en la estructura organizada con fines recaudatorios» y descripta en la causa de los «cuadernos».
En este caso, los camaristas Bruglia y Bertuzzi confirmaron los procesamientos del ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario de Control y Coordinación del Ministerio, Roberto Baratta, el ex director de Enarsa Ezequiel Espinosa y los empresarios José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi.
La causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante el gobierno kirchnerista es la que se inició a partir del de la declaración del ex jefe del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, como arrepentido del caso de los Cuadernos.
El ex funcionario kirchnerista había asegurado que durante su gestión había recibido coimas de las empresas que debía controlar y que ese dinero luego era entregado al fallecido ex presidente Néstor Kirchner o a su entonces ministro de Planificación, Julio De Vido; a quien le confirmaron el procesamiento.
En cuando a la situación de la ex presidenta, los jueces Bruglia y Bertuzzi remarcaron que si bien fue procesada en resoluciones anteriores como jefa de la supuesta asociación ilícita que se mantuvo durante los 12 años que duró el kirchnerimsmo, en el caso particular de los corredores viales no se verificaron hechos que la involucren con la maniobra.
«Los pagos ilícitos fueron detectados entre los años 2003 y mediados de 2007. Es decir, una ventana temporal que abarca todo el desempeño de Claudio Uberti en el OCCOVI pero que precede al momento en que la imputada asumió sus funciones como primera mandataria», detallaron.
El expediente de la cartelización de la Obra Pública es el que se inició con los dichos del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, quien como arrepentido de la causa de los cuadernos había reconocido que organizó la pata empresaria para manipular las licitaciones.
En la resolución referida a este caso, los jueces Bruglia y Bertuzzi resolvieron «confirmar parcialmente la ampliación del procesamiento de Cristina Elisabet Fernández decretado en la causa 9608/18 (Cuadernos), en cuanto la responsabiliza por 175 supuestos de cohecho pasivo, en calidad de coautora».
Por este hecho también fueron confirmadas las ampliaciones de los procesamientos del detenido De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el financista Ernesto Clarens y decenas de empresarios entre los que figuran Wagner, Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra, Juan Chediack y Gerardo Ferreyra.
