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La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dio lugar a un recurso fiscal y formalizó la investigación por tres meses.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el sobreseimiento de una empresa dedicada al cáñamo y de su apoderado, acusados de utilizar indebidamente una licencia oficial para cultivar plantas de cannabis en un establecimiento de Río Gallegos.
La decisión se tomó tras un recurso presentado por la Unidad Fiscal de esa ciudad, a cargo del fiscal federal Julio Zárate. El juez Aldo Suárez rechazó la excepción de falta de acción que había planteado la defensa y dio por formalizada la investigación penal preparatoria por un plazo de tres meses, hasta el 22 de diciembre.
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El caso gira en torno a un convenio que la empresa mantiene con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Según la fiscalía, se realizaron cultivos fuera del marco autorizado, lo que podría configurar un delito contemplado en la Ley 23.737 sobre estupefacientes.
El magistrado ordenó además peritajes químicos sobre las plantas secuestradas para determinar si se trata de cáñamo, como sostiene la defensa, o de marihuana, como argumenta la fiscalía. Explicó que el permiso otorgado por el Ministerio de Salud para trabajar con el INTA no alcanza para habilitar la actividad desarrollada en el inmueble allanado.
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En su resolución, Suárez sostuvo que las personas jurídicas pueden ser imputadas penalmente por delitos vinculados al narcotráfico, de acuerdo al artículo 27 de la Ley 23.737, y aclaró que esto no se ve afectado por la Ley 27.401, que regula la responsabilidad de empresas en delitos de corrupción.
De esta manera, la investigación continuará en el fuero federal, con la imputación tanto a la entidad jurídica como a su apoderado por cultivo ilícito de cannabis sativa.
