El juez Jorge Odorisio hizo lugar al pedido de la fiscalía y dejó sin efecto el beneficio otorgado a G. A. M., tras constatar una nueva denuncia en su contra. Se dispusieron rondines policiales, presentaciones diarias y un botón de pánico para la víctima.
Este lunes se realizó una audiencia de control de reglas de conducta en el marco de una causa por violencia familiar contra G. A. M., quien había accedido a la suspensión de juicio a prueba (SJP) hace casi un año. La fiscalía solicitó la revocación del beneficio luego de que la víctima presentara una nueva denuncia durante el período de prueba.
La representante del Área de Ejecución Penal del Ministerio Público Fiscal, Patricia Cardoso, sostuvo que el nuevo hecho denunciado configura un incumplimiento grave de la prohibición de acercamiento y contacto impuesta al imputado. Por ese motivo, pidió que se dejara sin efecto la SJP y se adoptaran resguardos adicionales para proteger a la víctima.
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La defensa, a cargo de Julián Pulgar, no cuestionó la existencia de la nueva denuncia, aunque remarcó que todavía no se había celebrado la audiencia de apertura de la investigación por ese hecho. En base al principio de inocencia, solicitó que se intimara a su asistido a cumplir las reglas ya fijadas en lugar de revocar el beneficio, y aportó un nuevo domicilio del imputado.
Tras escuchar a ambas partes, el juez Odorisio resolvió revocar la suspensión de juicio a prueba, principalmente por el incumplimiento de la prohibición de contacto con la víctima. El magistrado dispuso además rondines policiales discontinuos en las inmediaciones del domicilio de G. A. M. y la obligación de que se presente a diario ante la dependencia policial más cercana.
Entre las nuevas medidas, el juez amplió el radio de prohibición de acercamiento a no menos de 200 metros, prohibió la salida de la ciudad y del país para el imputado, y solicitó la entrega de un dispositivo con botón de pánico para la víctima.
Con información del Ministerio Público Fiscal.
