El Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego impuso penas de hasta cuatro años y ocho meses de prisión por hechos ocurridos entre 2021 y 2022. La investigación también acreditó el funcionamiento de un lugar donde dos mujeres eran explotadas económicamente.
El Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego condenó a un hombre y a dos mujeres por delitos vinculados con el comercio de estupefacientes y la explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena en Río Grande. La sentencia fue dictada el 25 de agosto, luego de que la jueza Ana María D’Alessio homologara un acuerdo de juicio abreviado.
Juan Manuel Montivero recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión y una multa de 30.000 pesos. Su pareja, María Ysabel Del Rosario Pérez, fue condenada a cuatro años y cinco meses de prisión y una multa de 60.000 pesos. En tanto, Denis Rodríguez Castillo recibió tres años de prisión de ejecución en suspenso y una multa de 30.000 pesos.
Los hechos investigados ocurrieron entre mayo de 2021 y abril de 2022. La causa estuvo a cargo del fiscal federal Marcelo Rapoport, con intervención de la fiscal federal María Lía Hermida y trabajo conjunto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
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La investigación comenzó a partir de una denuncia recibida en abril de 2021, que advertía sobre la presunta comercialización de estupefacientes mediante entregas a domicilio. Las tareas posteriores permitieron identificar movimientos vinculados con pequeñas cantidades de droga y determinar el uso de un vehículo para realizar las entregas.
La pesquisa también estableció que Montivero y Pérez alquilaban una vivienda donde funcionaba un lugar privado en el que dos mujeres ofrecían servicios sexuales. Durante los allanamientos realizados en abril de 2022 se secuestraron cocaína, marihuana, dinero, una balanza de precisión, teléfonos y elementos vinculados con la actividad sexual.
Según la sentencia, Montivero tenía a su cargo la tenencia, venta y entrega de los estupefacientes, mientras que Pérez colaboraba de manera secundaria en esa actividad. Respecto de la explotación sexual, el fallo atribuyó a Pérez un rol principal, relacionado con la administración del inmueble, los cobros y el manejo de los ingresos generados por las mujeres.
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Una de las víctimas declaró que debía entregar aproximadamente el 30% de cada servicio y otro porcentaje correspondiente a las consumiciones de los clientes. Rodríguez Castillo, en tanto, fue considerada partícipe secundaria por atender el teléfono del lugar, brindar información sobre los servicios y sus precios y colaborar con la responsable.
Como parte de las condiciones impuestas, Montivero y Pérez deberán mantener prohibido cualquier contacto con las víctimas, no podrán salir de la provincia ni del país y deberán realizar presentaciones quincenales ante la Policía Federal en Río Grande. También se ordenó el decomiso de teléfonos, dos vehículos y dinero incautado.
La jueza reconoció a las dos mujeres como víctimas de explotación de personas y dispuso medidas de restitución de derechos. Además, estableció que los 415.590 pesos y 292 dólares secuestrados sean destinados al Programa Nacional de Reparación Integral a Víctimas de Trata de Personas.
