La diputada nacional Ana Clara Romero, en entrevista con Radio 3, habló sobre la importancia del reciente veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, un tema que ha generado polémica en el ámbito educativo y político. Durante la conversación, Romero abordó no solo las implicancias de la decisión, sino también la situación económica del país y su impacto en las universidades. «El presidente vetó esta ley y nosotros habíamos planteado que hubiera sido más conveniente un veto parcial, pero era una paritaria que excede el marco del Congreso», explicó la diputada.
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Romero señaló que, si bien se entendía la necesidad de ajustar los salarios docentes, la solución debía gestionarse dentro de los marcos establecidos. «Nosotros no estamos resolviendo paritarias de nadie, eso lo administra el Poder Ejecutivo», agregó. Además, criticó al Gobierno Nacional por no priorizar este tema, lo que contribuyó a que el conflicto escalara: «El Gobierno se durmió, no le dio la prioridad que merecía y eso potenció el conflicto».
La diputada subrayó que la reciente negociación permitió otorgar un aumento del 6,8% a los docentes universitarios, lo que los posiciona en el máximo nivel de incrementos que han recibido los empleados estatales este año. «Hubo un reconocimiento y ayer no hubo ni vencidos ni vencedores», afirmó Romero, destacando que las universidades seguirán funcionando, a pesar de las medidas de fuerza tomadas por algunas federaciones.
En un contexto de reducción presupuestaria, Romero defendió la postura de su bloque: «Estamos en un contexto donde buscamos el equilibrio fiscal, que es lo que tratamos de hacer todos en Nación y en las provincias». Enfatizó que no se puede recurrir a soluciones populistas que solo agravan los problemas económicos a largo plazo. «Es más fácil decir a todo que sí, pero eso es lo que nos llevó hasta acá», sentenció.
Romero también lamentó el uso político que se le ha dado al conflicto universitario. «Hay sectores que utilizan estos temas para potenciar conflictos, cuando en realidad se trata de decisiones que deben ser tomadas de manera razonable», comentó. Insistió en que no se debe olvidar que el país atraviesa una crisis profunda, donde cada decisión debe ser ponderada cuidadosamente para no generar más desequilibrios.
Sobre el impacto de la medida en el ámbito político, la diputada afirmó que las decisiones difíciles siempre generan costos, pero que está dispuesta a asumirlos. «Si uno no tiene espaldas para asumir costos políticos, se tiene que dedicar a otra cosa», reflexionó Romero, añadiendo que su compromiso es explicar y defender las decisiones que toma, sin esquivar el debate público.
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Finalmente, Romero reafirmó su apoyo a la educación pública y desmintió cualquier intención de afectar a las universidades: «Pensar que esto es en contra de las universidades es no entender la situación. No está en discusión la universidad pública ni nadie se animaría a ponerlo en debate».
