El fundador de Telegram, Pavel Durov, denunció que el gobierno de Rusia está ralentizando el funcionamiento de la red de mensajería con el objetivo de obligar a los usuarios a migrar hacia MAX, una aplicación estatal que calificó como una herramienta de “vigilancia y censura política”. La medida se enmarca en una escalada de tensiones entre la plataforma y las autoridades rusas.
Durov sostuvo que no es la primera vez que un Estado intenta desplazar a Telegram mediante restricciones técnicas. Recordó el antecedente de Irán, que hace ocho años aplicó una estrategia similar sin lograr desbancar a la aplicación. “Limitar la libertad de los ciudadanos nunca es una decisión correcta”, afirmó el empresario, quien reiteró que la compañía defiende la privacidad y la libertad de expresión.
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La presión oficial se intensificó luego de que el Servicio Federal de Seguridad (FSB) advirtiera que el uso de Telegram representa un riesgo para los soldados rusos desplegados en Ucrania. Según el organismo, fuerzas ucranianas podrían acceder rápidamente a información publicada en la aplicación y utilizarla con fines militares. La agencia Interfax reportó que el FSB atribuye a ese uso situaciones que habrían puesto en peligro a efectivos en el frente.
Medios independientes interpretan las advertencias como parte de una campaña que podría desembocar en el bloqueo definitivo de la plataforma, una medida que, según trascendidos, podría concretarse el 1 de abril. La ralentización ya generó malestar entre usuarios y sectores vinculados a las fuerzas armadas.
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Las restricciones no son nuevas. Desde mediados de 2025, las autoridades rusas comenzaron a limitar servicios de Telegram y también de WhatsApp, especialmente en funciones como las videollamadas. La Justicia exige que la compañía localice en territorio ruso los servidores que almacenan datos de usuarios, un requerimiento que, de cumplirse, podría comprometer la privacidad y la protección de la información personal.
Fuente: DW.
