“Ruta del Dinero K”: El Fiscal que imputó a Cristina pidió su sobreseimiento

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Actualizado: 05:20 11/10 | downtack.com

Después de 10 años desde que se inició la causa y de 5 de haberla indagado, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió el sobreseimiento formal de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa denominada “Ruta del Dinero K”.

El expediente investigó si la ex mandataria tuvo alguna vinculación con maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario Lázaro Báez.

En este contexto, el Fiscal sostuvo que es “innegable la relación” entre la Vicepresidenta y Lázaro Báez, pero que no se pudo comprobar la participación de la ex mandataria en las maniobras de lavado por las que fue condenado el empresario.

El caso comenzó en abril de 2013. Una parte fue enviada a un juicio oral y público en el que Lázaro Báez fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a 12 años de prisión. La Sala IV de Cámara Federal de Casación Penal redujo en febrero de este año la condena de Báez a 10 años de prisión.


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Sin embargo, también confirmó la existencia de una estructura de lavado que sacó dinero “negro” del país para transformarlo en lícito. La suma por la que Báez fue condenado es de 65 millones de dólares.

En una parte de la causa que no se había elevado a juicio oral, la Vicepresidenta había sido indagada y el juez Casanello le había dictado la falta de mérito. El fiscal Marijuán pidió una serie de medidas de prueba, entre ellas la indagatoria, y luego del resultado decidió solicitar el sobreseimiento de quien fuera presidente de la Nación entre 2007 y 2015.

El representante del Ministerio Público Fiscal dejó asentada su posición en un dictamen de 46 páginas que le presentó al juez federal Sebastián Casanello en el que remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo “directo” entre la exmandataria y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.

El fiscal Marijuan afirmó en su dictamen que el voto mayoritario de los jueces de la Sala IV de Casación “resulta a todas luces desacertado” porque implica “anular” como delito precedente “la asignación irregular de obra pública”, lo que a su criterio implica “esconder una realidad innegable”.

El fiscal resaltó es su dictamen que no tiene “duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez”, y agregó: “La reciente prueba incorporada a esta causa a instancia del suscripto, en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un período de poco más de 2 años”.

Párrafos más abajo sostuvo que “de esas comunicaciones, 4 se registraron entre líneas a nombre de Cristina Fernández y teléfonos registrados como de Lázaro Báez”, por lo que sostuvo que eran “algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido”.

Tras todo ese análisis, Marijuan concluyó que en los 10 años de investigación no se pudo probar que la Vicepresidenta fuera coautora o tuviere una participación “en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”.


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La Vicepresidenta “fue imputada formalmente por esta parte el 8 de abril de 2016 con motivo de la ampliación del requerimiento fiscal realizado en el presente sumario luego de la declaración indagatoria prestada por Jorge L. Fariña, en su carácter de imputado colaborador”, recordó Marijuan.

“En aquella oportunidad y en su extensa declaración, Jorge Leonardo Fariña confesó haber llevado adelante maniobras de lavado de dinero por orden y cuenta de Lázaro Antonio Báez entre los meses finales de 2010 y mitad de 2011, a través de la aplicación de fondos de origen espurio en bienes en el país y cuentas bancarias en Suiza titularidad de sociedades off shore, armadas para la actividad ilícita desplegada”, recordó el fiscal.

“Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de 10 años, desde el inicio de este proceso penal y casi 5 años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió” interrogarla, sostuvo el fiscal.

Fuente: Télam / Infobae / La Nación

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