El martes concluyó en París el juicio contra Nicolas Sarkozy por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 con fondos del régimen libio de Muammar Gadafi.
Tras tres meses de audiencias, los jueces escucharon los alegatos finales. El expresidente, acompañado por su esposa Carla Bruni, negó todas las acusaciones. La sentencia será anunciada el próximo 25 de septiembre.
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Durante el juicio, la fiscalía francesa solicitó una pena de siete años de prisión, una multa de 300.000 euros y la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos. Los fiscales sostienen que Sarkozy lideró una “búsqueda frenética de financiación” para sostener su ambición política, y consideran que sólo una condena firme puede preservar la integridad democrática.
El caso reveló conversaciones diplomáticas desconocidas entre Francia y Libia a comienzos de los 2000, cuando el gobierno galo buscaba restablecer relaciones con Gadafi. Las familias de víctimas de atentados atribuidos al régimen libio en los años 80 denunciaron en la corte que se utilizó la memoria de sus seres queridos como moneda de cambio en posibles negociaciones secretas.
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Sarkozy insistió en su inocencia. “Nunca encontrarán un euro libio en mi campaña”, afirmó al inicio del proceso. Rechazó haber aceptado fondos de Gadafi y calificó las acusaciones como infundadas. No obstante, el fiscal sostuvo que el expresidente “no parece apreciar la gravedad de las faltas contra la integridad” institucional.
Más allá del veredicto, este juicio expuso las tensiones entre justicia, memoria histórica y poder político. Las familias afectadas por los atentados, en especial el del vuelo 772 de UTA en 1989, expresaron su dolor y pidieron explicaciones. “¿Qué hicieron con nuestros muertos?”, fue la pregunta que resonó en la sala judicial, dejando una herida aún abierta en la historia reciente de Francia.
Fuente: France.
Imagen de archivo.
