El concejal confirmó que existe un acuerdo político para avanzar con un proyecto que busca levantar la prohibición vigente desde 2016 y establecer un marco regulatorio para las aplicaciones de transporte. La iniciativa podría tratarse en el Concejo Deliberante el próximo 10 de septiembre.
El concejal Hernán Pereira impulsa un proyecto de ordenanza para levantar la prohibición que rige desde 2016 sobre las aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y DiDi en Puerto Madryn y, al mismo tiempo, establecer una regulación específica para los vehículos y conductores que trabajen a través de estas plataformas.
Según explicó el edil, existe un entendimiento político para avanzar con el tratamiento de la iniciativa, aunque aclaró que todavía no puede confirmar que sea incluida formalmente en el orden del día de la próxima sesión del Concejo Deliberante, prevista para el 10 de septiembre.
“De palabra ya hay un acuerdo, de que se llegó a un proyecto”, afirmó Pereira, quien explicó que la propuesta se encuentra dividida en dos partes. “Primero, la prohibición que existe desde el año 2016 a las aplicaciones de transporte. Eso es fundamental porque mientras siga la prohibición no podían entrar Uber, Cabify o DiDi a la ciudad de Puerto Madryn”, señaló.
La segunda parte contempla la regulación de los vehículos y conductores que utilicen estas plataformas. El concejal indicó que el proyecto original, presentado por él hace aproximadamente dos años y medio, planteaba únicamente levantar la prohibición, pero posteriormente se incorporaron modificaciones para establecer reglas de funcionamiento.
“Después se pudo negociar para que en el mismo proyecto se ponga la regularización”, explicó Pereira.
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Uno de los puntos centrales de la propuesta es que no se establecería un límite a la cantidad de vehículos que puedan registrarse para trabajar mediante las aplicaciones.
“No va a haber cupo, la cantidad de vehículos que puedan inscribirse, sean Uber, Cabify o DiDi, es ilimitada”, afirmó el concejal.
Pereira consideró que, si bien inicialmente podría producirse una importante incorporación de conductores, posteriormente el propio mercado podría regular la cantidad de vehículos activos. “Creemos que después se va a inscribir un montón de gente y que después el mismo mercado va a ver que no le da el negocio y entonces va a achicarse”, sostuvo, al referirse a experiencias de otras ciudades.
La iniciativa establece, además, que los vehículos deberán contar con habilitación municipal y cumplir determinados requisitos. Entre ellos, se contempla una antigüedad máxima de 10 años, licencia de conducir profesional y condiciones específicas para el transporte de pasajeros.
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También deberán contar con un seguro para pasajeros con una cobertura equivalente a la exigida a taxis y remises, además de encontrarse en condiciones adecuadas para transportar hasta cuatro pasajeros.
Otro de los aspectos incluidos en el proyecto está relacionado con la modalidad de captación de pasajeros. De acuerdo con lo explicado por Pereira, los taxis mantendrán la posibilidad de recoger pasajeros en las paradas y en la vía pública, mientras que los vehículos que trabajen exclusivamente mediante aplicaciones deberán ser solicitados a través de la plataforma.
“Solamente los taxis pueden recoger pasajeros en las paradas y en la calle en forma ocasional. El resto, los que quieran usar Uber, tienen que convocarlos por la aplicación”, explicó.
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A su vez, los taxis también podrán utilizar las plataformas digitales. En ese caso, si un pasajero solicita un taxi mediante Uber, el viaje se cobrará bajo la tarifa correspondiente a la aplicación. En cambio, cuando el servicio sea solicitado por teléfono o mediante los mecanismos tradicionales, el vehículo continuará funcionando bajo el sistema habitual de taxímetro.
Pereira estimó que la incorporación de las aplicaciones podría generar modificaciones en los valores de los servicios. “Creemos que las tarifas entre taxis, remises y Uber van a llegar a un equilibrio”, sostuvo.
Los vehículos habilitados para trabajar mediante las aplicaciones deberán contar con algún mecanismo de identificación. Según adelantó el concejal, se analiza la utilización de una oblea o elemento similar, aunque no necesariamente implicará colocar un cartel visible sobre el automóvil.
Además de los requisitos vinculados con la antigüedad del vehículo, la licencia profesional y el seguro, el proyecto contempla otras condiciones similares a las que actualmente deben cumplir taxis y remises.
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La fiscalización de quienes se incorporen al sistema quedará vinculada a los controles municipales. Pereira aclaró que su función dentro del proceso legislativo es explicar y establecer cómo funcionará la ordenanza, mientras que el cumplimiento de las disposiciones corresponderá al Poder Ejecutivo Municipal.
Para Pereira, el avance del proyecto representa también un cambio de postura respecto del funcionamiento de las aplicaciones en la ciudad.
“Pienso que hay un cambio de decisión política por parte del oficialismo. Las aplicaciones generan trabajo y, aparte, hay algo que hay que reconocer: ya están funcionando”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que el debate actual ya no pasa por determinar si las plataformas funcionan o no en Puerto Madryn, sino por establecer bajo qué condiciones lo harán.
“Acá se elige entre si funcionan legalmente o si funcionan ilegalmente. Antes se debatía si funcionaban o no”, afirmó.
