El juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, ha ordenado la reanudación de las obras de saneamiento en el basural a cielo abierto más grande de Argentina, ubicado en el partido bonaerense de Luján y conocido como “La Quema”.
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Este proyecto, suspendido desde abril del año pasado por una medida cautelar, forma parte del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto y cuenta con una inversión de 18 millones de dólares del Estado nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La medida cautelar, que prohibía innovar en el predio ubicado a la vera de la ruta 192, fue impuesta tras una demanda de vecinos que cuestionaban las “falencias técnicas” del proyecto y su impacto en las actividades frutihortícolas de la zona.
Sin embargo, en un fallo de 16 páginas, el juez Portocarrero Tezanos Pinto levantó esta prohibición, argumentando que la paralización de las obras podría llevar a la suspensión de los desembolsos del BID, lo cual pondría en riesgo la continuidad de la Política Federal GRISU de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto.
El Proyecto Centro Ambiental Luján CAL incluye la construcción de un centro de separación y recuperación de materiales, así como de un relleno sanitario para la disposición final de residuos orgánicos.
Hasta la paralización judicial, la ejecución de las obras estaba a cargo de la Municipalidad de Luján, con la empresa EVA S.A. como contratista, tras una licitación y Declaración de Impacto Ambiental realizadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Buenos Aires.
El juez destacó la importancia del financiamiento del BID para la concreción del proyecto en el contexto económico actual y subrayó que “el posible perjuicio que podría ocasionar la continuidad del proyecto resultaría sensiblemente menor en comparación a la actual situación ambiental”. Además, el fallo enfatiza que la suspensión de las obras podría agravar la situación ambiental y económica, afectando el interés público comprometido.
Portocarrero Tezanos Pinto también encargó al Ministerio de Ambiente de Buenos Aires la supervisión estricta de la ejecución de las obras, requiriendo informes de gestión y cumplimiento al finalizar cada etapa.
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Asimismo, ordenó remitir a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas una copia del escrito presentado por la Asociación Nuevo Ambiente, que señala posibles irregularidades en el destino de los pagos del préstamo otorgado por el BID.
Fuente: Infobae.
Foto: elDiarioAR.
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