El exintendente de la localidad salteña de Campo Quijano, Manuel Cornejo, fue condenado este miércoles a la pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos, por el delito de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, aunque mantendrá su libertad hasta que la sentencia quede firme.
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El vocal de la Sala VI del Tribunal del Juicio de Salta, el juez Guillermo Pereyra, condenó este miércoles al exintendente a la pena de seis años de prisión de ejecución efectiva e inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos.
El magistrado, que encontró a Cornejo culpable de los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en tres hechos, dispuso además rechazar los planteos de nulidad formulados por la defensa.
Pereyra también condenó a Carmen Rosa Méndez, quien era la secretaria de Hacienda de ese municipio, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta y perpetua.
Para el juez, Méndez fue la autora material y penalmente responsable de los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Resolvió mantenerla en libertad, pero con la vigencia de las medidas de coerción ya dictadas.
Los condenados llegaron al juicio acusados por el Ministerio Público Fiscal de los delitos de peculado en cuatro hechos y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, en el caso de Cornejo; y de peculado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el de Méndez.
En su sentencia, Pereyra absolvió a Cornejo de un hecho de peculado y de enriquecimiento ilícito, y lo condenó por el resto de los delitos de los que fue acusado.
En tanto, ordenó la restitución inmediata y definitiva a la Municipalidad de Campo Quijano, ubicada a 30 kilómetros al oeste de la capital salteña, de la camioneta y todos los bienes secuestrados en el marco de la causa.
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En el juicio, que comenzó el 16 de junio, intervinieron la fiscal penal de delitos económicos complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, y Rodrigo Palazzo Gutiérrez, quien se desempeñó como querellante.
La defensa de los acusados estuvo a cargo de Fernando Teseyra y Arnaldo Estrada, en el caso de Cornejo; y Juan Martín Solá Alsina y Pablo Tobio, en el caso de Méndez.
El martes, la fiscal solicitó la pena de seis años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para el exintendente, mientras que para la exsecretaria de Hacienda municipal pidió tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.
A lo largo de su alegato, que duró dos horas, Salinas Odorisio repasó cada una de las pruebas presentadas y consideró que los delitos por los que ambos llegaron a juicio quedaron probados con certeza.
Por su parte, la querella adhirió en todo al pedido de la Fiscalía y retiró la acusación de enriquecimiento ilícito.
A su turno, la defensa de Méndez solicitó la absolución por el principio de la duda y, subsidiariamente, prisión condicional, mientras que los abogados defensores de Cornejo solicitaron la absolución lisa y llana y, subsidiariamente, la absolución por la duda.
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Los hechos tomaron estado público a partir de la denuncia por falta de registros contables de fondos municipales entre 2017 y 2019, formulada el 28 de enero de 2020 por el actual intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni, quien el martes, antes de los alegatos, prestó declaración testimonial.
Folloni explicó que denunció a su antecesor por malversación de fondos, porque no aparecían las máquinas de la Municipalidad, que sabía que existían, y por un faltante de dinero y de una camioneta Chevrolet S10 que fue adquirida con fondos municipales.
Además, un informe elaborado por la Auditoría General de la Provincia reveló la ausencia de documentación que respaldara los gastos realizados, el incumplimiento de la normativa financiera y la falta de transparencia en la gestión pública de los fondos.
Cornejo fue intendente de Campo Quijano durante tres períodos, por el Partido Renovador de Salta, que en 2021 lo expulsó de sus filas por graves y reiteradas faltas éticas.
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En la sexta jornada del juicio, el exintendente decidió prestar declaración y sostuvo que “si hubo irregularidades” durante su gestión fue porque debió “evadir la burocracia administrativa del Estado para responder a las necesidades sociales de la gente, que es muy humilde y de escasos recursos”.
Fuente: Télam.
