Se llevó a cabo este lunes en Trelew una audiencia de debate oral y público por una causa de «sextorsión» mediante el uso de la red social Facebook.
Los imputados son Rubén Antonio Valdez; José Antonio Allegra Filósico; Micaela Perafán; Mariela Ríos; María Celeste Garay y Erica Jazmín Fernández. En tanto, el tribunal unipersonal estuvo integrado por el juez Gustavo Castro.
NUEVE HECHOS
De acuerdo a la acusación pública expuesta por las representantes del MPF, Carolina Marín y Marina Millapi, el primer hecho ocurrió en abril de 2019, cuando Micaela Perafán, sabiendo lo que hacía, siguiendo directivas impartidas por Rubén Antonio Valdez, contactó a un hombre por Facebook y utilizando el perfil de usuario «Guiselle Sepúlveda», mantuvo conversaciones íntimas hasta lograr que la víctima le brinde su número telefónico. Siguiendo con el plan delictivo, Micaela Perafán obtuvo también fotografías muy comprometedoras.
Una vez obtenido el material, lo reenvió a Rubén Antonio Valdez. Al día siguiente, el hombre, que se encuentra detenido en el Instituto Provincial Penitenciario, se comunicó con la víctima y se presentó como Ever Sepúlveda -padre de Guiselle-, y le dijo que su esposa y madre de «Guiselle» vio las fotos que este le había enviado el día anterior a su hija y que lo quería denunciar en el Juzgado de Familia, ya que su hija tenía una discapacidad. Para impedir que su esposa hiciera la denuncia y para no publicar las fotos en otras redes sociales, Valdéz lo amenazó y le exigió la suma de 9 mil pesos. Dentro de la información que manejaba la organización tenían el teléfono de contacto de la hija menor del hombre chantajeado. Finalmente la víctima realizó un pago de 6 mil, 400 pesos a través del sistema Pago Fácil. La suma fue transferida a la cuenta de José Antonio Allegra Filósico. Una vez acreditado el pago, Valdez continuó insistentemente amedrentando a la víctima quien terminó depositado 3 mil pesos más.
Con este modus operandi, la banda de delincuente realizó nueves hechos de chantaje con distintas víctimas, modificando en los algunos casos la entrega de dinero, que en otras ocasiones, se realizaba en persona y en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Trelew.
De acuerdo el relato fiscal, esta causa derivó de una investigación llevada a cabo por la División Policial de Investigaciones, en relación a dos causas por amenazas y de las cuales se llevaron adelante intervenciones telefónicas, allanamientos y detenciones.
JUICIO ABREVIADO PARA VALDEZ
Antes del comienzo del debate oral, el defensor particular Javier Romero, que asiste a Rubén Antonio Valdez, informó al juez que junto con la Fiscalía, arribaron a un acuerdo para que el caso se trate en la modalidad de juicio abreviado.
El acuerdo incluye la imposición de una pena de tres años y ocho meses de prisión, de efectivo cumplimiento, más la declaración de reincidencia. Así, Valdez aceptó la participación en los hechos imputados por el MPF y la pena escogida además de ser declarado reincidente.
SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA PARA EL RESTO DE LA BANDA
También y como cuestión previa al inicio del debate oral, la defensora pública Zulma Manllauix, que representó a Micaela Perafán, solicitó la suspensión del juicio a prueba por dos años ofreciendo la realización de 90 horas de trabajo comunitario por el término de un año.
Luego, la defensora oficial Ángeles Nápoli, que representa a Érica Jazmín Fernández, solicitó la probation por el término de un año y seis meses a cambio de 60 horas de trabajo comunitario por el plazo de tres meses. Para su otra defendida, Mariela Ríos, la propuesta es también de 60 horas de trabajo comunitario pero a realizar en seis meses dado el estado de gravidez de su asistida.
A su turno, la defensora oficial, Flora Mollard, que representó a José Antonio Allegra Filósico solicitó la suspensión del juicio a prueba por el término de tres años y ofreció abonar 3000 pesos por mes durante un año a una de las víctimas a través de una cuenta bancaria.
Respecto de las propuestas, la fiscal general Carolina Marín indicó que ya se había adelantado la posibilidad de aplicación de la suspensión de juicio a prueba. Agregó que no hay interés público prevalente para lo cual se pueda oponer y se dan los requisitos objetivos y subjetivos ya que no poseen antecedentes y tampoco causas en trámite por lo que está de acuerdo con las pautas referidas. También señaló que ha puesto en conocimiento de una de las víctimas -presente en la audiencia- sobre la propuesta de la Dra. Mollar la cual aceptó.
Finalmente, el magistrado informó que respecto del acuerdo por juicio abreviado contra Rubén Antonio Valdéz, dará a conocer su decisión dentro del plazo legal pero adelantó que será homologado
En cuanto a las probation solicitadas y acordadas con el MPF, el juez Castro tras revisar los requisitos legales para ello, resolvió otorgar los beneficios acordados.
Fuente: JusNoticias Chubut.
