Trelew será sede, este viernes 25 y sábado 26 de septiembre, de unas jornadas abiertas y gratuitas dedicadas al abordaje de las violencias contra las infancias y al fortalecimiento del cuidado familiar. En ese marco, la pediatra Adriana Rogers, integrante de la Red Infancia Robada, cuestionó con dureza la respuesta de los organismos estatales y puso el foco en la falta de escucha de niños y niñas frente a situaciones de presunta vulneración de derechos.
Las actividades se desarrollarán en el Multiespacio 780 de Radio 3, ubicado en 25 de Mayo 740 de Trelew, con la participación de referentes como la hermana Martha Pelloni, la doctora Gloria Machado, el doctor Juan Pablo Gallego y la abogada del niño Estela Maris Sierra.
La agenda comenzará el viernes por la tarde, desde las 15, con una exposición de Pelloni sobre las violencias en el contexto intrafamiliar. A las 17 se realizará un conversatorio sobre revinculaciones forzadas, una problemática que Rogers considera especialmente sensible frente a situaciones en las que niños y niñas manifiestan su negativa a mantener contacto con determinadas personas.
En declaraciones previas a las jornadas, la pediatra sostuvo que uno de los principales problemas es que “los niños no son escuchados” y remarcó: “Si un niño dice no, es no”.
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Rogers vinculó esta preocupación con el caso de Ángel López, ocurrido en Comodoro Rivadavia, al que calificó como un caso emblemático de los riesgos que, según su planteo, pueden producirse cuando se dispone una revinculación que el niño rechaza. La profesional sostuvo que el debate no puede reducirse a una cuestión entre adultos, sino que debe contemplar al niño como sujeto de derechos.
El planteo de Rogers apunta particularmente al funcionamiento de las instituciones encargadas de proteger los derechos de niños y adolescentes. En sus declaraciones cuestionó la respuesta de la Justicia y de los organismos de protección, y reclamó mayores controles sobre las políticas destinadas a las infancias.
“Tenemos muchísimas cosas para hablar, se han librado notas a todos los organismos del Estado”, señaló.
Entre los pedidos mencionados se encuentran informes sobre los servicios de protección de derechos, la cantidad y capacitación de sus profesionales, las condiciones edilicias, los protocolos utilizados y los criterios con los que se interviene ante situaciones de vulnerabilidad.
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Uno de los ejes centrales de su planteo es la necesidad de modificar una mirada adultocéntrica sobre las decisiones que involucran a niños y adolescentes.
Rogers cuestionó que, frente a determinados conflictos familiares, la palabra del adulto termine prevaleciendo sobre la manifestación expresa del niño.
“Ángel dijo no y a nadie le importó”, sostuvo, al referirse al caso de Comodoro Rivadavia. Y agregó que, en su opinión, en determinadas intervenciones institucionales “primó el derecho, no la voz del niño”.
La pediatra también señaló que profesionales de distintas áreas —entre ellos docentes, psicólogos y médicos— se encuentran en situaciones complejas cuando detectan indicios de vulneración de derechos. Según explicó, quienes trabajan cotidianamente con niños tienen responsabilidades específicas frente a la sospecha de situaciones de violencia o abuso, pero luego dependen de una respuesta articulada del Estado.
“Yo no estoy ya hablando de una mega corrupción, yo estoy hablando de un niño que dice no. ¿Por qué no se lo escucha, por qué se lo obliga, por qué se lo fuerza?”, expresó.
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Durante sus declaraciones, Rogers también cuestionó las condiciones en las que funcionan algunos organismos vinculados con la protección de derechos y reclamó que quienes ocupan cargos de responsabilidad cuenten con formación e idoneidad acordes con esas funciones.
“¿Cuántos profesionales tenés capacitados en este tema? ¿Cuántos casos han tratado? ¿Este servicio funciona? ¿Tiene el personal idóneo? ¿Tiene el lugar idóneo?”, planteó.
La profesional reclamó además que se transparenten los criterios de selección y preparación de quienes ocupan cargos relacionados con la protección de niños y adolescentes.
Además, Rogers pidió contrastar las condiciones salariales y edilicias de la Justicia con las de otros sectores estatales y educativos, y criticó lo que considera una asignación desigual de recursos frente a las necesidades de las infancias.
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En ese contexto, afirmó: “Me da mucha vergüenza los sueldos del Poder Judicial”, y cuestionó que existan recursos para determinados privilegios institucionales mientras, según su planteo, los niños concurren a la escuela sin una alimentación adecuada.
La pediatra sostuvo que Chubut fue una provincia pionera en materia de derechos de niños y adolescentes, pero consideró que ese reconocimiento histórico no alcanza si no se traduce en políticas concretas, recursos suficientes y organismos capaces de responder ante situaciones de vulnerabilidad.
En su diagnóstico aparecen además otras problemáticas: violencia intrafamiliar, abuso sexual, pornografía infantil, nuevas modalidades delictivas y situaciones que, según denunció, constituyen formas de violencia institucional contra las infancias.
Frente a ese escenario, las jornadas de este viernes y sábado buscarán abrir un espacio de debate entre profesionales, organizaciones y ciudadanía.
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Más allá de las distintas posiciones que puedan existir sobre los casos particulares, el reclamo planteado por Rogers coloca una pregunta en el centro de la discusión: qué lugar ocupa la voz de niños y adolescentes cuando las decisiones institucionales afectan directamente sus vidas.
La respuesta, según la pediatra, no puede quedar solamente en declaraciones o protocolos. “El chico es chico, a mí no me importa”, cuestionó al describir una cultura adulta que, según denunció, todavía persiste en determinadas intervenciones.
Y volvió a sintetizar su planteo en una frase que atraviesa toda su denuncia: “Si un chico dice no, es no”.
Las actividades serán libres y gratuitas y se realizarán en el Multiespacio 780 de Radio 3, en 25 de Mayo 740, Trelew.
