Se había expuesto que “en su caso, el reproche se funda en que tuvo el dominio del hecho y se valió para su ejecución de la conducta de una enfermera quien, como se explicó, vacunó a Igón desconociendo el motivo por el que fue priorizado. A diferencia de ella, Biondo dispuso la inmunización con pleno conocimiento de que no correspondía, en consideración al cargo de Diputado Nacional que el funcionario ejercía, para lo cual se sirvió de la intervención instrumentalizada de otro, que actuó sin dolo” se expresó por parte judicial.
La Cámara de Comodoro Rivadavia había confirmado la decisión de Otranto al considerar que Igón no se encuadraba dentro de la categoría de “personal estratégico” prevista en la normativa vigente en ese momento, que debía circunscribirse a aquellos que cumplían actividades de gestión esenciales para asegurar los servicios imprescindibles.
La Justicia también tuvo en cuenta que Igon quedó registrado en el Registro Federal de Vacunación como “personal de salud”, lo que se amalgama con el cuadro probatorio ya que, en ese momento, solo podían acceder a la vacuna quienes presentaban esa condición.
Una de las pruebas determinantes en la causa fue un peritaje sobre los chats entre los implicados, en los que se demostró que la vacunación hsbría sido autorizada por Biondo, con varios mensajes y audios a la enfermera que lo vacunó:
Igón: “Necesito viajar a Bs. As. en los próximos días y me quiero vacunar por mi diabetes. Empiezo una etapa de estar muy expuesto”.
El médico respondió: “Ya pregunto si quedo alguna dosis disponible de las 60 que destinamos a Esquel la semana pasada”. “Te pusimos en lista de espera por si alguien no concurre de los que faltan vacunar. Porque están todas asignadas con nombre y apellido”.
El juez, al dictar el procesamiento, destacó: “Como surge de estos mensajes, el proceder de Igon distó, por mucho, de sólo anotarse en el sitio web y esperar a que lo llamen”.
Por otro lado, la causa por el “vacunatorio vip” que le costó el cargo el Ministro de Salud de la Nación, sigue abierta, pero sin consecuencias para los involucrados. La jueza María Eugenia Capuchetti había decidido archivar parcialmente el caso al afirmar que en el Código Penal no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en la investigación.
La Cámara Federal reabrió la investigación y dispuso que la jueza debía apuntar a la responsabilidad de los funcionarios e investigar penalmente a todos los que recibieron esas vacunas. Ahora, se delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano.
Fuente: Infobae
