La discusión sobre la eliminación de los fueros en Chubut volvió a poner en evidencia los verdaderos intereses detrás de la resistencia a avanzar en transparencia institucional. Entre quienes se oponen a la iniciativa aparecen dirigentes sindicales con antecedentes judiciales —Luis Núñez (STIA), José Armando Moyano (Ceramistas y referente del PJ), José Arenas (Textiles de Trelew), Daniel Murphy (ATECh), José Pérez (UTA), Cecilia Fanego (Municipales) y Nazareno Barceló (APISSYS)— que parecieran estar encontrando en los fueros un blindaje frente a sus propias causas penales.
El proyecto que impulsa la suspensión de fueros para funcionarios y legisladores tiene como objetivo poner fin a una prerrogativa históricamente utilizada como escudo de impunidad. Sin embargo, la oposición de ciertos sectores revela un trasfondo claro: no se trata de una defensa de principios democráticos, sino de un intento por sostener privilegios que garantizan impunidad a condenados y procesados.
El caso de los sindicalistas que hoy levantan la voz contra la quita de fueros es el ejemplo más evidente: lejos de representar los intereses de los trabajadores, buscan preservar una herramienta que les permite seguir evadiendo la Justicia.
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Algo similar ocurrió meses atrás con un sector de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, que también se opuso a la eliminación de los fueros. Al frente de esa postura estaba el juez Claudio Petris, quien tiempo después quedó en el centro de la escena por denuncias penales en su contra y un sumario iniciado por el Consejo de la Magistratura por presuntas irregularidades patrimoniales y vínculos incompatibles con su función. La resistencia de ese sector, que en su momento se intentó justificar como una defensa corporativa, hoy aparece vinculada a intereses personales que buscaban preservar un manto de impunidad.
En contraposición, la gran mayoría de los chubutenses entiende que el debate sobre fueros se inscribe en un proceso más amplio de fortalecimiento institucional y rendición de cuentas que demanda la ciudadanía. La sociedad chubutense exige dirigentes que den el ejemplo, que rindan cuentas y que no se escondan detrás de privilegios personales para evitar responder por delitos cometidos.
En este punto, el desafío de la sociedad chubutense resulta evidente: avanzar hacia un sistema político más transparente, donde nadie esté por encima de la ley. Y la resistencia a perder los fueros, por parte de de condenados y procesados por la Justicia, solo parece confirmar que la reforma es necesaria y urgente.
