«Estábamos seleccionando información que tenían que ver con la causa y en un momento el señor Smith pasó por donde estaba la documentación clave y la hace desaparecer», contó Rodríguez una vez consumada la detención.
«“Comenzó la búsqueda y la logramos encontramos en el baño, en una de las cañerías. La otra parte de la documentación está en una de las tapa de la cámara séptica “, detalló.
“Por el momento es el único que tuvo una conducta a fines de entorpecer la investigación”, lamentó el fiscal.
“Clarifico que “la tiró por el inodoro y al levantar la tapa del sifón se nota que hay parte del papel. En la parte de atrás, en la cámara séptica, encontramos más pedazos del papel».
La causa por entorpecimiento que se le inició a Schmidt quedó a cargo del juez Fabio Monti.
“Él tenía disponibilidad de transitar por la oficina y en un descuido toma una documentación manuscrita por él aparentemente, en la que esta detallado como fue el devenir de la estafa», aseguró Rodríguez.
“Como era un documento que lo involucraba optó por hacerlo desaparecer”, remarcó.
“Más allá de que lo podamos reconstruir, tenemos la fotografía que me mandó el personal para mostrármelo, ahí lo vimos y observamos que habían muchos datos de interés para la causa, sobre cómo se había pergeñado el plan”, fundamentó.
“Esa fotografía fue sacada en frente del testigo, que dio su aprobación, pero cuando se fue a ensobrar la documentación no estaba, se requisa al empresario y se comenzó a buscarla”, explicó.
«Con lo secuestrado este viernes se está confirmando la hipótesis. Las relaciones están acá. Este sería el centro donde se pergenio la maniobra junto con Santucho, Currumil y el resto que intervino en este fraude”, aseveró el fiscal.
Sobre la salida de Cigudosa, dijo que “esto no perjudica. La investigación respecto a ella la vamos a seguir llevando adelante”.
“Quizás ahora que no tiene la cuestión de los fueros, se puedan dar otro tipo de medidas”, destacó.
FRAUDE EN PERJUICIO DEL ERARIO PÚBLICO
La causa judicial, caratulada como “Ministerio Público Fiscal s/ defraudación Ministerio de Educación”, está a cargo de los fiscales de la Unidad de Investigaciones de Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez y Alex Williams.
Los procedimientos, este viernes por la mañana, se realizaron en el despacho del subsecretario del Ministerio de Educación Raúl Cares, en las empresas Lada SRL, Ramida SRL, Gefer SRL, Calypso revestimientos, y en los domicilios de los monotributistas Jorge Santucho, Félix Currumil y Daiana Henriquez.
Los fiscales buscaban el teléfono oficial de Cares, computadoras, dispositivos electrónicos y documentación sobre las oraciones realizadas por los monotributistas y las empresas Lada, Ramida, Calypso y Gefer con el Ministerio de Educación.
La causa se inició a raíz de la denuncia de diputados provinciales. La calificación jurídica inicial que investigan los fiscales es la de “administración fraudulenta en perjuicio del erario público”.
«En total fueron ocho allanamientos en Rawson y Trelew entre empresas y domicilios particulares, aunque algunos también tienen el asiento legal de la empresa», explicó el fiscal general Omar Rodríguez en diálogo con la prensa.
«La hipótesis de trabajo que tenemos es que estamos ante la presencia de un fraude, intervinieron un grupo de particular con la complicidad de los funcionarios, entre los que se pusieron de acuerdo para aparentar competir cuando estaba direccionado de antemano quienes iban a recibir las distintas obras».
«En realidad el 95 % de las obras en las escuelas las hizo una persona de apellido Santucho, a pesar de que en el cuadro comparativo aparece ganando otro adjudicatario», explicó.
«Todos tienen vinculación, todos tienen ramificación entre ellos, nosotros sostenemos que se pusieron de acuerdo justamente para hacer creer que estaba compitiendo cuando en realidad era un fraude», sostuvo.
CLARAMENTE UN FRAUDE
«La causa la tenemos sólo hace tres semanas, pero por la documentación y los testimonios de las directoras de las escuelas, delegados de la Seccional Trelew y más una serie de elementos surge claramente que estamos en presencia de un fraude, que este concurso no fue tal», remarcó Rodríguez.
«No existieron oferentes, no existieron aperturas de sobres porque todo se pergeñó y después se quiso acomodar, estimo que fue cuando Cigudosa fue convocada para ser interpelada en la Legislatura», fundamentó el fiscal.
Sin embargo, el fiscal aclaró que «el esposo de la ex ministra Cigudosa en principio no tiene ninguna vinculación en esta causa, no aparece ni como sospechado ni como sindicado hasta hoy».
«Todavía estamos trabajando en el análisis para encuadrar la conducta de la ex ministro en función de todo lo que vamos recolectando, pero en nuestra hipótesis creemos que tiene responsabilidad en este armado y procedimiento seleccionado para contratar empresas que estaban previamente digitadas», consideró el funcionario del Ministerio Público Fiscal.
En principio descartó detenciones; «las hubiéramos pedido hoy, pero si comprobamos que existe algún acto de entorpecimiento, vamos a pedir eventualmente medidas de detención».
MANIOBRAS BURDAS
«Hay una serie de indicios que a nosotros nos hicieron sospechar desde el principio de la causa: empresas que compiten entre sí cuando son del mismo dueño y tienen el mismo domicilio, empresas que compiten con un proveedor, gana esa empresa, pero la obra la termina haciendo el proveedor, empresas que compiten con una pariente, gana la pariente, pero la obra la hace la misma persona. Claramente eran maniobras burdas, pergeñadas, para que un grupo hiciera las obras y hacer aparecer ante los ojos de terceros que era una competencia de oferentes que no se conocían y que pujaban por un mejor precio cuando claramente no era así», repasó Rodríguez.
«Las empresas son Ramida y Lada Construcciones, del mismo dueño, Calipso Revestimientos y Gefer, también del mismo dueño, pero que las utilizaban para aparentar que eran muchas empresas que estaban compitiendo, cuando eran del mismo grupo», insistió.
ACTITUD DE COLABORAR
«Las directoras han colaborado desde un primer momento, han documentado todo, incluso de las mismas actas surge que ganaba Lada y se presentaba Santucho, por ejemplo. Y las directoras iban siendo sorprendidas, no entendían porque ganaba uno y se presentaba otro. Pero las directoras estuvieron a disposición siempre», valoró el fiscal.
En el mismo sentido, Rodríguez destacó que “el ministro Massoni interrumpió la agenda en Buenos Aires, se tomó un avión y vino para ponerse a disposición para encabezar junto a la fiscalía estos procedimientos, lo que demuestra esta actitud de colaborar de Massoni y del Gobierno para terminar con estas conductas corruptas”.
«No tengo oficialmente la documentación de que haya denunciado y haya sido aceptada la renuncia, lo que sabemos es por lo que ha trascendido públicamente, pero no hay confirmación oficial», aclaró sobre Cigudosa.
«No voy a entrevistar a la ministro porque la tengo como objeto de la investigación, no me puedo entrevistar con personas que están sindicadas como participes de un hecho delictivo. Sólo lo puedo hacer con testigos ajenos a una participación criminal», recalcó Rodríguez.
«Evidentemente estas personas no tienen ningún tipo de temor ante la ley o realmente creen que son intocables o van a resultar impunes en causas de corrupción, porque estamos ante la presencia de una causa corrupción», respondió cuando se le hizo alusión a otras escandalosas causas que se están sustanciando en la Justicia por fraude al estado.
«Es verdad que los hechos son de esta misma gestión, pero por eso se hace valiosa la colaboración del Ministerio de Gobierno, que es el que precisamente pone a disposición la Policía para los diferentes procedimientos», subrayó Rodríguez.
«Las directoras llamaban a las delegaciones, a supervisión, algunas recibían respuestas, pero en realidad hay mucho malestar en los directores», reconoció el funcionario.
ADEMÁS, SOBREPRECIOS
Rodríguez también confirmó que se detectaron sobreprecios. Por ejemplo, tablas para el baño se facturaron por encima de los dos mil pesos, cuando en el mercado tiene un costo de 200. La limpieza de caloramas facturaron por más de 6000 cada uno, cuando en el mercado surge que tiene un costo de 500 pesos.
«El común denominador de las empresas era cambiar un foco, una tapa de baño, una cerradura, limpiar un calorama, pero la necesidad real de la escuela seguía igual: nadie se hizo cargo de las roturas, de la falta de pintura, de cables pelados, de caloramas sin funcionar», contó Rodríguez.
«Las directoras recibían instrucciones de parte del delegado y a la vez el delegado del subsecretario Cares de pagar el anticipo de 50 % de la obra cuando recién se había salido la resolución. Una salió el jueves 7 de febrero y una factura de Santucho presentó el 12 de febrero, o sea cinco días después estaban cobrando el anticipo», evaluó.
Consultado sobre si estos hechos eran la causa por la situación del no dictado de clases en algunas escuelas, Rodríguez consideró que «indudablemente si el dinero ha sido mal destinado o administrada, no respondían a la necesidad de la escuela. Se lo podrían haber dado a las directoras, bajarles 12 módulos, más o menos 100 mil pesos, para que contrataran de manera directa en función a la necesidad del establecimiento. Si había que reparar un techo, la directora tenía facultades para contratar un techista y hacer la reparación pertinente».
Sobre la decisión de Cigudosa de vindicarse, Rodríguez aclaró que «no cambia en nada, porque ella era una funcionaria y estaba obligada por la constitución a vindicarse».
